Como todo mundo sabe, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu aceptó hace unos días la solicitud de Dorantes para separarse definitivamente de su responsabilidad, debido a que tiene una propuesta para incorporarse a la Procuraduría General de la República (PGR) en el área de juicios orales federales. Por angas o mangas el documento no se había enviado a la Diputación Permanente del Congreso, lo cual se cumplió ayer. Así las cosas, en la sesión de hoy de los ínclitos legisladores locales que se quedaron a cuidar la tienda durante el receso en el Congreso se admitirá la multicitada renuncia, tal como lo mandata el artículo 40 fracción 32 de la Constitución Política de Morelos. Ojo: es importante subrayar que la acción de admitir no es igual a la de aprobar.

2.- Y pongo énfasis en lo anterior, gentiles lectores, pues varios diputados morelenses han incurrido en garrafales errores interpretativos (como lo han hecho durante casi todo el trienio). Como la renuncia de Dorantes partió de su propia iniciativa, es decir de manera voluntaria, no se trató de un cese o una remoción. Si así hubiera sido, entonces era aplicable el mismo artículo 40, pero en la fracción 53, donde se estipula que el Congreso debe aprobar por mayoría simple la solicitud de remoción del Fiscal General del Estado que presente el Titular del Poder Ejecutivo del Estado adjuntando las justificaciones sobre la importante decisión. El procedimiento que ayer inició no requiere ninguna votación y quien insista en ello seguirá demostrando necedad e ignorancia. La aprobación, en caso de remoción, hubiese implicado la politización del asunto, como indudablemente la veo venir para darle cumplimiento al artículo 79-B de la Constitución Política de Morelos, que a la letra dice: “El Gobernador del Estado deberá presentar al Congreso del Estado la terna de ciudadanos en un plazo máximo de treinta días”. Ojo: dice treinta días, no 90 como alguien lo declaró la víspera en el Congreso. Ese término comenzará a contar desde el momento en que la Diputación Permanente admita la renuncia. Y en el lapso de 72 horas Graco Ramírez deberá nombrar a un encargado del despacho en la Fiscalía General de Morelos. Es obvio inferir que la Diputación Permanente convocará a un periodo extraordinario de sesiones, cuya orden del día quizás contemple como único asunto la elección del relevo de Dorantes Salgado.

3.- Los titulares de la Mesa Directiva y de la Junta Política del Congreso local, Lucía Meza Guzmán y Javier Bolaños Aguilar, respectivamente, confirmaron la recepción de la renuncia de Rodrigo Dorantes Salgado, aunque será hasta este miércoles cuando se dé entrada formal al documento durante la sesión de la Diputación Permanente, lo que marcará el inicio oficial del procedimiento de sustitución del funcionario. Como ya se ha dicho, el gobernador Graco Ramírez dispondrá de 30 días para presentar ante los diputados una terna de la cual elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, lo que podría llevar el caso (en un escenario catastrófico) a ser resuelto por la próxima legislatura, que iniciará funciones el 1 de septiembre. Lo deseable es que esto no ocurra. Hasta ahora prevalece la pregunta sobre cuál grupo de legisladores resultará más cómodo de tratar para las negociaciones sobre la designación del nuevo fiscal, de entre los que ya se van y los entrantes, para el Poder Ejecutivo. De la respuesta a este cuestionamiento dependerá si desde Casa Morelos se apresura o no el tratamiento del tema en el Poder Legislativo, pero en el Congreso se presume que el tema será atendido por la legislatura 53. Sin embargo, habría que esperar si el Ejecutivo envía lo más pronto posible la terna, en el plazo estipulado por la Constitución. Postergar la elección del nuevo fiscal ubicaría a los actuales diputados en calidad de omisos.

4.- Al dar a conocer que la renuncia del fiscal fue entregada al Congreso ayer –estaban de vacaciones los diputados- el panista Javier Bolaños aprovechó la oportunidad (fiel a su estilo) para señalar que la decisión de Rodrigo Dorantes evidencia “la crisis que padece el gobierno graquista”, y fustigó al llamado gabinete de seguridad al destacar que en este rubro es imperativo que se revise y modifique la estrategia, dado que son discutibles los resultados obtenidos hasta ahora. La petición de revisar la estrategia de seguridad por parte de un legislador no es nueva y se dio de manera recurrente a lo largo de la agonizante legislatura 52. Uno de quienes insistieron en ello fue el priísta Matías Nazario Morales, lo que debe llamar la atención del Poder Ejecutivo pues esos exhortos o exigencias dirigidos al Ejecutivo no cesarán cuando el 31 de agosto concluya la actual legislatura, sino que más bien se arreciarán al disponer de escenarios con mayor resonancia. Y es que tanto Javier Bolaños como Matías Nazario serán diputado federales a partir del 1 de septiembre. Aquí yo me pregunto si realmente hay una crisis en materia de seguridad, como lo asegura el siempre presente Bolaños, lo cual implicaría (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua) “una situación grave o difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso (…) o la situación de un gobierno desde el momento en que uno o más de sus miembros presenta la dimisión hasta aquel en que se nombran sus sustitutos”. A juzgar por las apariencias no existe ningún descontrol de la violencia, como ocurrió muchas veces en el sexenio adamista. Lo que sí veo son vaivenes en la perpetración del robo con violencia, tema al cual me referiré en otra ocasión.

5.- El periodo extraordinario de sesiones fue planteado como una posibilidad desde principios de junio por el PRD y el PAN a través de Lucía Meza y Javier Bolaños. Con la tranquilidad que trajo el impasse del periodo vacacional vivido por el Legislativo en la segunda quincena de agosto, pareciera que ha disminuido el interés por desahogar diversos temas que en las semanas anteriores tuvieron gran repercusión mediática, pero lo cierto es que no sólo no están desaparecidos los asuntos de las concesiones de la basura y el alumbrado público, sino que en días pasados se agregaron otros como la presunta intención de asignar a la Fiscalía General del Estado las tareas que hoy desempeña la Comisión Estatal de Seguridad. Como en el tema del nombramiento del fiscal, la apertura de uno o más periodos extraordinarios de sesiones tiene que ver con la disposición –quizás sumisión- que encuentre el gobierno en la agonizante legislatura 52, frente a la animosidad que ya muestran los diputados electos de la legislatura 53. Lucen dispuestos a pelearle espacios burocráticos a los perredistas. Todavía no se instala la nueva legislatura, pero algunos de quienes serán miembros del “mega bloque” ya identificado como el G-17 se están repartiendo el pastel. Los más ansiosos son los panistas. Por cierto, lo de un juicio político al Ejecutivo ni siquiera es mencionado por dicho bloque opositor. A ver.