Antes de la sesión plenaria, la diputada Hortencia Figueroa hizo su labor al lograr que la comisión por ella presidida, es decir la de Seguridad Pública y Protección Civil (instalada el mismo martes), aprobara que Capella compareciera, sí, pero sólo ante ese órgano colegiado y no frente a los 30 legisladores que generalmente buscan aprovechar este tipo de eventos para atraer reflectores. De hecho, en la sesión plenaria la diputada Figueroa Peralta informó sobre el acuerdo para esa comparecencia de Capella en comisión, y ofreció que cualquiera de los 30 diputados, o los 30, pudieran asistir a ese evento, pero tal propuesta fue rechazada, lo cual evidenció que la ofensiva panista tiene como intencionalidad de fondo buscar el show. A ver si a los diputados no les sale el tiro por la culata, como les sucedió a los de la legislatura 51 tantas veces en que llamaron a cuentas al responsable de la Seguridad, y no sólo Capella, pues Alicia Vázquez Luna, su antecesora, también fue al Congreso a hacer cambiar de color a los legisladores. A final de cuentas las comparecencias de servidores públicos ante el Congreso del Estado sirve para maldita la cosa.

2.- Por otro lado la Junta Política y de Gobierno del Congreso, también encabezada por la perredista Hortencia Figueroa Peralta, cumplió la advertencia que había emitido días atrás y comenzó a echar abajo los nombramientos realizados por la legislatura anterior “al vapor”, de último momento. Así las cosas, en la sesión de este martes los diputados dejaron sin validez el nombramiento por el que la legislatura 52 nombró a Hugo González Soto como titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Seguramente muchos de ustedes recuerdan que dicha designación se asumió durante aquella accidentada sesión realizada a fuerzas tras los barrotes del Centro de Convenciones de Xochitepec y rodeada por policías, a escasos cuatro días de que finalizara el último periodo ordinario de sesiones. Que sea un único cambio hasta ahora no representa, por mucho, que las cosas vayan a parar ahí. No han efectuado más movimientos porque los nuevos diputados están empeñados en hacer las cosas ajustadas a la ley, para no meterse en problemas, como corresponde a una Junta Política presidida por una abogada. Están en revisión otros cargos recientemente adjudicados, y habrá más remociones. A ver.

3.- No podía haber sido de otra manera. La propuesta del PRD subida al pleno de este martes por Enrique Laffitte Bretón mereció el respaldo generalizado de los legisladores. Ninguno recibirá seguro de gastos médicos mayores ni les pagarán el servicio de telefonía celular. La postura es plausible y se ajusta a los tiempos de austeridad que, en contra de la voluntad de muchos, se van poniendo de moda. La medida entusiasmó a la diputada Silvia Irra Marín, del Partido Verde, quien pidió ahorrar también en vehículos, y al panista Víctor Caballero Solano, quien sugirió que servidores públicos de otros poderes del Estado también se aprieten el cinturón y adopten medidas de austeridad. El ex secretario de Salud en la era adamista habló quizás previendo que la austeridad será replicada por iniciativa propia en los ayuntamientos o en el gobierno estatal, por supuesto que entre los funcionarios de alto nivel y alto salario. Aquí debo recordar algo que observé el 1 de septiembre pasado en el estacionamiento del Palacio Legislativo, al inicio de la legislatura 53: no hay austeridad republicana al menos en la posesión de camionetas lujosas, último modelo, definitivamente adquiridas con los recursos públicos. Las “dietas” y otras canonjías que perciben los ínclitos diputados locales son pagadas por el ya de por sí depauperado pueblo morelense.

4.- Cambiemos de frecuencia. Vía correo electrónico recibí la siguiente denuncia de Pamela Ripley Landa, en contra del rector y la coordinadora del Centro Morelense de las Artes de Morelos, al cual ingresó el 29 de junio de 2002 percibiendo su salario mediante la entrega de recibos por honorarios. En dicho Centro fue docente e investigadora en música, y actualmente presenta alrededor de 12 semanas de embarazo. Aun así fue despedida injustificadamente por Beatriz Sánchez Mallida, directora de finanzas y recursos humanos, el 5 de agosto de 2015. Sin ambages le dijo que su salida se debía al embarazo. “Como podrá usted ver, señor Guillermo Cinta, lo ocurrido es una flagrante violación a mis derechos humanos y a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la cual México es parte (…) el numeral 11 indica precisamente lo que concierne a la aplicación de sanciones por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil”. Hasta donde se sabe, amables lectores, las autoridades del Centro Morelense de las Artes omiten brindar seguridad social a la mayoría del personal. Servida.

5.- En más con respecto a la posición asumida por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, frente al Poder Ejecutivo y sobre todo en contra de la Fiscalía General de Morelos, he de recordar lo que trascendió a mediados de mayo de 2014, luego del artero asesinato del investigador universitario Alejandro Chao Barona y su esposa Sara Rebolledo. Allá y entonces Vera Jiménez informó que dicha institución del Ministerio Público abrió varias carpetas de investigación relacionadas con amenazas en contra de algunos miembros del Consejo Universitario, las cuales estaban durmiendo el sueño de los justos. La Fiscalía era encabezada entonces por Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango, quien seguramente será citado a comparecer en las próximas indagatorias de agentes del Ministerio Público de la Federación.

6.- Vera Jiménez reveló en mayo de 2014 que el padre del ahora ex fiscal le exigió al abogado general de la UAEM, Alfredo Mena Díaz (uno de los hombres fuertes de la máxima casa de estudios de Morelos), un porcentaje del presupuesto de la Universidad como pago de un supuesto cabildeo realizado por Dorantes Sanmartín entre diputados locales a fin de que le aprobaran a la UAEM la entrega del 2.5 por ciento del presupuesto global del Estado. Dorantes Sanmartín insistía en que él había convencido a los legisladores y hasta a ministros de la SCJN, aunque el trabajo, según Vera Jiménez, lo había realizado personal de la Universidad sin cobrar un peso. Etcétera, etcétera. Conclusión: es probable que el rector Vera sí haya recibido “información” el 9 de agosto del presente año sobre un presunto complot fraguado desde la Fiscalía contra él y varios miembros de su familia, pero me parece que todo debió tratarse tan solo de una intimidación o una broma pesada para perturbar al funcionario universitario y además causarle otro conflicto a Graco Ramírez. ¿Revanchismo? Claro que sí.