Eran alrededor de 300 personas, de entre quienes salió una comisión posteriormente atendida por el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el aliancista Julio Espín Navarrete. El ixtleco les recibió el documento donde están solicitando incoar juicio político al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, tal como en su momento ocurrió con Jorge Carrillo Olea (1998), Sergio Estrada Cajigal Ramírez (2004) y Marco Adame Castillo (2009). La postura oficial de la legislatura 53 ante dicha petición, que ya se esperaba por haberse anunciado con demasiada antelación, es que se le dará el trámite legislativo correspondiente y en estricto apego a derecho, justo lo que sus promotores dijeron esperar. Es importante subrayar que en la primera página de la solicitud, los de la CMMC solo se refieren a la presunta desviación de recursos contenidos en el crédito que hasta por 2 mil 806 millones de pesos le autorizó el Congreso al Ejecutivo en octubre de 2013. Becerra y sus huestes indican que se trata de 1 mil 800 millones de pesos.

2.- La manifestación de la CMMC fue corta en duración y reducida en asistentes, pero particularmente tranquila a pesar de la belicosidad característica de algunas de sus consignas. Advirtieron: no somos violentos… todavía. La Comisión de Gobernación y Gran Jurado, con Espín Navarrete en la presidencia, está integrada por los 11 coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias. El primer paso de esos ínclitos personajes será encontrar ahí mismo una decisión: darle o no procedencia a la solicitud del mentado juicio. Así que esperemos para ver y después diremos. Por ahora cabe recordar que sobre el destino del mencionado crédito fueron informados recientemente nuestros honorables diputados tanto por el auditor Vicente Loredo Méndez, como por la secretaria de Hacienda del Estado, Adriana Flores Garza. Los legisladores, pues, tienen suficiente información en sus manos para tomar una resolución acorde a derecho y no a los caprichos de quienes acaban de exhibir su última carta como antagonistas de Graco Ramírez Garrido Abreu. Sin convertir a dicha Comisión en una cena de negros y bajo la prudente conducción del ex presidente municipal de Puente de Ixtla, sus miembros deberán contrastar la realidad de las cifras disponibles en el propio Congreso y en la Secretaría de Hacienda del Estado con las presuntas pruebas documentales anexadas en su solicitud por los líderes de la CMMC. A ver.

3.- Si nos atenemos a lo visto durante la sesión de ayer del Congreso morelense, podemos asegurar que la Secretaría de Hacienda comandada por Adriana Flores Garza flexibilizará su postura de mantener elevadas las cuotas previstas por la Ley de Ingresos del Estado 2016, por derechos que deben cubrir los transportistas, principalmente en la renovación de concesiones. La cantidad, según los afectados, pasó de dos mil a más de 20 mil pesos desde el año anterior. Y es que el presidente de la Comisión del Transporte del Congreso, el perredista Ricardo Calvo Huerta, propuso un acuerdo para que tales cobros sean reducidos en dicha Ley, y ante la presencia de los transportistas que llenaron el salón de sesiones, diputados de todos los partidos se lanzaron a apoyar la propuesta, entre ellos de manera destacada el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Alberto Mojica, y coordinadores parlamentarios como la perredista Hortencia Figueroa, el priista Alberto Martínez, el humanista Jesús Escamilla, el pevemista Javier Estrada y el morenista Manuel Nava. Es importante agregar que dichos transportistas fueron llevados por Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte, y Aurelio Carmona, presidente de Rutas Unidas de Cuernavaca, quienes acompañaron a los líderes de la CMMC en su manifestación de ayer. Por lo demás, será interesante observar cómo le hacen los diputados para conciliar los números del presupuesto 2016 con sus contradictorios afanes. Por un lado quieren recaudar menos y por otro aumentar recursos al campo, la CDHEM, la Fiscalía, el Impepac, los tribunales y tal y tal.

4.- En la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios llamó la atención el encono que ya se comienza a perfilar en la legislatura 53 respecto de la próxima administración municipal de Cuernavaca. El futbolista Cuauhtémoc Blanco arrancará en enero con un saldo negativo en su relación con los diputados locales, producto de los odios que entre la clase política han generado sus manejadores, los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, quienes se han ocupado de dejar en claro que cualquier trato con el alcalde electo debe negociarse a través de ellos. En ese contexto, la panista Norma Alicia Sotelo, ex alcaldesa de Cuernavaca, precisó que su bancada no respaldará ningún intento por endeudar más a la ciudad a través de créditos vía Congreso, mientras el aliancista Francisco Santillán explicó la intentona del ayuntamiento enfocada a incrementar sus impuestos, lo cual no se concretó en esta Ley aprobada el día de ayer. Sin embargo, con el mismo objetivo podría volver a la carga la comuna una vez que esté en manos de los hermanos Yáñez. A Francisco Santillán, quien representa el tercer distrito electoral correspondiente a Cuernavaca, le incomoda (como a mucha gente más en la ciudad) la ausencia del “Cuau” en asuntos donde ya debería comenzar a hacerse responsable.

5.- A continuación transcribiré un breve pero sustancioso análisis hecho por Rosalío González Villa en mi página del Facebook con relación a los 700 millones de pesos solicitados anteayer al Congreso por la magistrada Nadia Luz Lara Chávez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, como presupuesto 2016 dentro de la “autonomía financiera” de la que presuntamente goza el Poder Judicial del Estado. Comentó González Villa: “Bastante alto respecto al pasado. Morelos es un estado pobre, su burocracia debe trabajar en austeridad. El tema de la autonomía financiera no debe implicar que el Poder Judicial busque recaudar sus ingresos propios. No se trata de que deje de ser financiado con recursos públicos, pues no puede recibir financiamiento privado, ni de broma. En todo caso estamos hablando de autonomía presupuestaria, es decir la decisión de manejar por sí mismo su presupuesto, sin intervención del Ejecutivo o el Legislativo”. Sin embargo, yo agregaré que esa autonomía existe desde hace varios años. A través del Consejo de la Judicatura, en tiempos de Julio Ernesto Pérez Soria como representante del Poder Legislativo y responsable del control administrativo del Poder Judicial, más de una vez constaté la autonomía presupuestaria aludida por nuestro amigo del Face. En fin. Ahora esperemos la aprobación del proyecto de presupuesto 2016, para ver cuánto se la asigna al Poder Judicial… El fiscal Javier Pérez Durón será citado a comparecer por el Congreso con respecto a la fosa común de Tetelcingo… Hoy continuará el pleito del G-9 de regidores cuernavacenses con el “Cuau”.