Gustavo Viniegra González
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Según la encuesta “WJP Rule of Law”, nuestro país ocupa el lugar 88 entre 113 países en cuanto a la calidad del sistema judicial [1] que incluye frecuentes injusticias en los procesos criminales. Además, la Setec de la Segob [2] indicó en 2015 que casi el 90% de los policías ministeriales requerían ser capacitados para poder funcionar en el nuevo sistema de juicios orales. Y se sabe que una de las deficiencias más importantes, es su baja capacidad para redactar y entender las declaraciones de los testigos y denunciantes de la mayor parte de las causas penales. Estas deficiencias deberán ser superadas si queremos que la ley se cumpla a cabalidad en nuestro país.
En la película documental “Presunto Culpable”, el detective José Manuel Ortega declaró que no recordaba las circunstancias de la detención del presunto culpable de homicidio, José Antonio Zúñiga Rodríguez, pues había tenido muchos casos y no tenía notas al respecto. Este detective se indignó al verse expuesto en esa película y fue parte de los demandantes que intentaron suspender la difusión de la misma [3]. En los países con prácticas judiciales civilizadas, los detectives tienen la obligación de llevar una bitácora escrita o grabada de sus actividades, de forma que pueden responder con claridad y precisión cualquier pregunta importante para la integración de cada proceso legal en el que participan. En 2015 la Setec estimó que faltaba la capacitación de más de 300 mil policías con un costo superior a 830 millones de pesos, lo cual incluiría la redacción de informes y la aplicación de los procedimientos de acopio y custodia de pruebas.
Seguramente la mayor parte de los policías que acudieron a un taller de redacción no habrán aprendido a redactar porque esta habilidad, que debería ser una parte esencial de la educación primaria, no se puede adquirir por la asistencia a un curso teórico de corta duración, ya que requiere talleres de trabajo supervisado, con al menos 600 horas por persona, que serían los equivalentes a los ejercicios de una hora diaria por tres años de enseñanza primaria. Los policías que no saben redactar, y por lo tanto son analfabetos funcionales, darán lugar a deficiencias técnicas de los procesos legales que permitirán exculpar a muchos culpables o, viceversa, culpar a muchos inocentes.
Según los datos de la Setec, la capacitación de capacitadores ha requerido erogaciones del orden de mil millones de pesos por el Inacipe [4]. Sin embargo, la Setec no indica cuánto se ha gastado, ni qué métodos se han seguido para evaluar los resultados de este sistema de capacitación. Una parte esencial de dicha evaluación sería el desempeño de los policías en sus labores profesionales, meses después de haber cursado los talleres o cursos de capacitación. Pues es de sobra sabido que la mayor parte del contenido de los cursos teóricos son olvidados a las pocas semanas de haberlos aprobado, ya que los conocimientos o habilidades no se guardaron en la memoria de largo plazo (el hipocampo) cuando no se acompañaron de labores y experiencias diseñadas para ese fin.
En conclusión: para que México inicie el camino de la legalidad y salga del abismo de la injusticia y la corrupción judicial, se necesita, entre otras reformas, que las fuerzas policiales superen el analfabetismo funcional en el que viven, para que adquieran la capacidad de redactar y entender sus vivencias cuando son testigos de primera instancia en la mayor parte de los procesos judiciales.
[1] https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf.
[2] Setec = Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación, encargada, entre otras funciones, de la capacitación del Sistema Penal. (http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/SETEC_MASTER)
[3] Según El País: Ortega reclamó una indemnización por 3 mil millones de pesos por daños morales (https://elpais.com/internacional/2013/07/11/actualidad/1373556217_146235.html)
[4] Inacipe = Instituto Nacional de Ciencias Penales (http://www.inacipe.gob.mx/)