El apoyo financiero público para la innovación en las cadenas de valor que incluyen a las Pymes (Pequeña y Mediana Empresa), es indispensable para superar el subempleo masivo y la pobreza, que son los principales rezagos sociales de nuestro país. Este tema es fundamental para convertir en realidad los buenos deseos del próximo gobierno.
Desde 1982, en toda América Latina, se aplicaron reformas estructurales que pretendían acelerar el crecimiento y reducir la pobreza, pero surtieron el efecto contrario. Destruyeron las cadenas de valor entre las Pymes y las grandes empresas (GES); redujeron drásticamente la productividad económica; condenaron a la mayor parte de la población trabajadora al subempleo informal mal pagado y aumentaron la dependencia tecnológica y comercial. A estas reformas se les llamó el “Consenso de Washington”[1]. Después de más de 30 años, dichas reformas redujeron el papel rector del Estado en la economía, privatizaron las empresas estatales, desregularon el mercado financiero y favorecieron la acumulación de la riqueza en menos del 1% de la población. Como las GES tuvieron un mercado oligopólico con mano de obra barata, no requirieron de tecnología propia y las Pymes hallaron cada vez más difícil el acceso a la distribución de la riqueza y a la creación del empleo bien remunerado.
Muy pocas Pymes mexicanas han podido acceder a las cadenas de valor de la industria automotriz o aeronáutica porque carecen de recursos o experiencia para la asimilación de la tecnología del dominio público y requieren capacitación para obtener los certificados necesarios como proveedores. Por eso, el 70% de las industrias ensambladoras del sector, funcionan con piezas importadas de EUA, Canadá o China. Este es un grave problema porque se desperdicia la oportunidad para crear millones de empleos bien remunerados, los que absorberían gran parte del rezago laboral que aflige a nuestra economía.
En el sector agropecuario, el problema social principal está en la extrema pobreza de cinco millones de familias campesinas que habitan un poco más de 10 millones de hectáreas en zonas semidesérticas. Ellos requieren desarrollar nuevos enfoques de agricultura sostenible con productos tradicionales mejorados y bajos costos de intermediación. Por ejemplo: la venta de licores, quesos o artesanías que se vendan a un precio justo, mediante el uso del mercado electrónico (e-commerce). La pobreza de este sector es la fuente principal de cientos de miles de migrantes a EUA o de jóvenes ligados a las bandas de narcotraficantes.
Durante los últimos 24 años, el Gobierno Federal intentó revertir el atraso tecnológico mediante programas de financiamiento y subsidio a la adaptación tecnológica e innovación de las empresas. La evidencia disponible sugiere que los subsidios se concentraron en las GES, con muy pocas Pymes que tuvieran buenos resultados económicos. Gran parte del problema consistió en un sistema poco transparente de evaluación, operado en su mayoría por investigadores académicos con escasa experiencia comercial o por agentes que cabildearon los fondos según sus propios intereses. Sin embargo, se produjeron algunos resultados prácticos importantes. Por ejemplo: se crearon decenas de Pymes innovadoras en los campos de la informática y electrónica (TICS), la biotecnología y las energías alternas y algunas de esas Pymes obtuvieron premios nacionales e internacionales. Esto sugiere que el problema principal fue la deficiente orientación comercial de la mayor parte de las propuestas y las distorsiones del sistema de evaluación y seguimiento de los emprendimientos.
En conclusión, las Pymes, sean de alta tecnología, asimiladoras de tecnología conocida o de campesinos, requieren financiamientos blandos para poder pasar de la idea de un emprendimiento hasta su realización rentable en el mercado. Su impacto es mayor si forman parte de grandes cadenas de valor y si el reparto de los beneficios, en dichas cadenas, es equitativo. Por lo tanto, necesitamos ampliar el sistema de financiamiento al desarrollo tecnológico de las PYMES pero también debemos mejorar el sistema de capacitación, evaluación y seguimiento de los emprendedores. De otra forma, persistiremos con un sistema de ciencia y tecnología disfuncional, atrincherado en el academismo y con pocos resultados en el desarrollo económico del país.
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[1] Consenso de Washington: documento propuesto por J. Williamson en 1989 del Peterson Institute of International Economics. Citado por Ocampo, J. A., & Gómez-Arteaga, N. (2017). Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina. Revista CEPAL
