El sistema de gobierno en México está dividido en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de estos poderes tiene su ámbito de acción, una estructura y organización específicas, así como también un conjunto de responsabilidades y funciones. Esta división existe desde que somos un país independiente y tiene la finalidad de equilibrar el poder y evitar que se ponga en riesgo la democracia.
Como pudimos observar en el sexenio pasado, la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo era muy evidente, pero existía un contrapeso importante: el Poder Judicial. El representante del Ejecutivo no tenía control sobre el árbitro encargado de velar porque las leyes se apliquen correctamente y de resolver de manera imparcial los conflictos que se desahogan en cada tribunal e instancia. Sin embargo, en caso de no llegar a una resolución, dichos conflictos se llevan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal en México. De hecho, esa fue la gran pared con la que se encontraron los dos Poderes, pero que ahora podemos ver con claridad que, al no poder controlar al árbitro, decidieron cambiarlo. Y lo lograron.
Más allá de la discusión y las críticas que ha desatado la reforma judicial gestada desde el sexenio pasado, el gran reto que implica esta reforma es organizar y participar en una elección mediante voto popular, que desafortunadamente ha sido un proceso apresurado, atropellado e improvisado. Fue este domingo 30 de marzo cuando arrancaron oficialmente las campañas para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2024-2025, que posiblemente ha sido el experimento más riesgoso en la historia democrática de México. Países como Bolivia, Estados Unidos y Suiza siguen un proceso de voto directo para la elección de jueces, magistrados y ministros, pero en dichos países se realiza con reglas ya muy trabajadas y, sobre todo, bajo un contexto muy diferente al nuestro, donde la impunidad ha prevalecido en muchos procesos judiciales. Además, este cambio no se origina como una propuesta de justicia participativa, sino más bien como una revancha política.
El próximo 1 de junio tendremos un evento inédito en el que se llevará a cabo un proceso electoral para designar a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la exorbitante cifra de 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Ahora, más de 99 millones de ciudadanos tenemos en nuestras manos la decisión sobre 881 cargos federales judiciales, para los cuales hay más de 3 mil candidatos.
Independientemente de que el contexto y los antecedentes alrededor de este proceso no sean los mejores —donde la mala percepción que la ciudadanía tiene de nuestro sistema judicial, gracias a la inoperancia y la impunidad, se combina con el hecho de que el órgano encargado del proceso electoral (el INE) ha sufrido modificaciones que generan aún más desconfianza—, se espera posiblemente la menor participación en la historia de los procesos democráticos en México. La misma presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anticipa que la participación ciudadana podría ser muy baja (entre 8% y 15%), un abstencionismo que dejaría la elección judicial en manos de una minoría o, bien, de estructuras partidistas afines al partido en turno o, en el peor de los casos, de grupos con intereses oscuros que buscan una mayor impunidad.
Y es aquí donde comienza el dilema. Por un lado, muchos se preguntarán: “¿Para qué votar?” o “¿Cómo puedo elegir entre 3 mil candidatos con perfiles que no tengo capacidad de evaluar?”. Por lo tanto, millones de personas no participarán en el proceso, mientras que otros sí, movidos por intereses económicos, partidistas o criminales. Si estos últimos grupos deciden quién juzgará, la justicia estará aún más lejos de la ciudadanía.
No podemos confiar ciegamente en el sistema, pero tampoco es posible que nuestro voto cambie todo. El problema es que, si votamos, de manera indirecta validamos un proceso que, desde el inicio, estaba condenado al fracaso. Pero si uno elige no votar, significa ceder ese espacio y la oportunidad de construir un sistema de justicia donde se incluya la participación ciudadana. El día de mañana, cualquiera podría acudir a un tribunal y descubrir que quien nos juzga no debería estar ahí; pero tampoco estamos seguros de que nuestro voto sirva para elegir a la persona correcta.
Estamos entre la espada y la pared, donde lo menos que podemos hacer es revisar las opciones que existen para nuestro estado y sección electoral, así como aquellos puestos clave en la Suprema Corte de Justicia (https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/). Quienes tengan la oportunidad, sean parte de este proceso de elección.
