Recuérdese que el asesinato colectivo incluyó a Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del insigne poeta y escritor mexicano Javier Sicilia, quien ayer aceptó el diálogo ofrecido hace algunos días por el presidente Felipe Calderón, siempre y cuando sea público (teniendo como escenario el Palacio Nacional) y ante la presencia de quienes se sienten agraviados directamente por la escalada nacional de violencia. Me refiero, desde luego, a familiares de muertos con y sin nombre.
Vayamos por partes. “Reforma” publicó ayer una información, evidentemente “filtrada” por alguien que conoce las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre presuntas declaraciones hechas ante agentes ministeriales federales por Jesús Cárdenas Pérez (alias “El Manos”) y Gerardo Arturo Galindo (alias “El Guasón”), supuestos partícipes en el “levantón” de las siete personas localizadas muertas frente al fraccionamiento “Brisas” de Temixco el 28 de marzo, en el sentido de que el crimen fue perpetrado por varios líderes del CPS, entre ellos Julio de Jesús Hernández Radilla (alias “El Negro”), a petición de algunos policías. El rotativo no definió ningún número, pero uno de ellos, según la nota, se supo identificado por Luis Antonio Romero Jaimes y Jaime Gabriel Alejo Cadena (jóvenes también victimados), cuando todos departían en el bar “La Rana Cruda” el 27 de marzo por la tarde-noche. Los efectivos policíacos, quizás, formaron parte de un grupo que los asaltó, les quitó sus pertenencias y quiso extorsionar dos semanas antes del múltiple homicidio en un bar llamado “El Remedio”, sito en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. Y aseguraron –añadió “Reforma”- que la orden de liquidarlos partió de Héctor Beltrán Leyva (alias “El H”), como “un favor” a por lo menos uno de los agentes. Cabe subrayar que la nota no precisó la corporación a la cual pertenecían los policías, e indicó que los nombres (mismos que al parecer ya obran en poder de las autoridades federales) no aparecen en la nómina de ninguna institución, pudiéndose tratar de “madrinas”.
Sin embargo, “El Universal”, por la tarde y en su página electrónica, confirmó algunos de los datos de “Reforma”, asegurando que se trató de policías ministeriales, y que Héctor Beltrán Leyva (alias “El H”), presente por la mañana del 28 de marzo en la casa de seguridad operada por el cártel en el fraccionamiento “Villas del Descanso” de Jiutepec, desaprobó el homicidio y “cagó” a sus subalternos, empezando con Hernández Radilla, por haberlo cometido. Según “El Universal”, el asalto perpetrado por los policías judiciales dos semanas antes ocurrió afuera de una tienda comercial; y “los testimonios contenidos en el expediente PGR/MOR/CV/207N/2011, sobre los dos detenidos por el caso Sicilia, han permitido a los fiscales reconstruir paso a paso cómo ocurrió el múltiple asesinato desde el momento del secuestro de las siete víctimas”. ¿A quién le creemos, amables lectores? ¿Quién está filtrando la información, a todas luces distorsionada?
Las notas periodísticas hicieron reaccionar a la Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJ), la cual, mediante un boletín leído ayer por su titular, Pedro Luis Benítez Vélez, ponderó la coordinación existente entre su dependencia y la PGR, la Defensa Nacional, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a fin de evitar la impunidad en el multihomicidio. Y ratificó que se ha dado seguimiento a todas las líneas de investigación, “incluyendo la que se menciona en los medios de comunicación”. Benítez Vélez desglosó un listado de acciones emprendidas por la PGJ como respuesta a pedimentos federales, y mantuvo en reserva otras más que se realizan en acatamiento a dicha coordinación. Empero, en lo personal me llamaron la atención las últimas líneas del comunicado: “Tal como lo hemos corroborado, incluso el día de hoy, con la Subprocuraduría de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República”. Hasta donde estoy informado, la Procuraduría local ha entregado todo tipo de información relacionada con todos los policías ministeriales de Morelos a la PGR. El mensaje del procurador local es el siguiente: que se aplique la ley, caiga quien caiga y tope lo que tope. Obviamente, su delicada posición le impide –por ahora- enfrentar las presiones políticas locales; y no le ha quedado de otra más que mantener un bajo perfil, aguantar las mentadas de madre que le propinan ciertos legisladores morelenses caracterizados por su protagonismo y esperar la culminación exitosa del caso por parte de la PGR.
Tocante al poeta Javier Sicilia, ayer subrayó que, efectivamente, durante la marcha del domingo 8 de mayo se pidió el cese de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, pero “no es lo más importante”. Lo trascendente (así fue analizado por nosotros el lunes 9), es dialogar primero con Calderón (algunas condicionantes de por medio) y después con todas las fuerzas políticas nacionales, a fin de hacer que fructifique el programa de gobierno (así lo considero yo) encuadrado en seis puntos, de lo cual me ocuparé en otra ocasión.
1 comentario
Hey
No es la "atinada coordinación" de la PGJ con la PGR, lo… Compartelo!