Por lo tanto, tiene una relación constante con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, la Defensoría Pública y las áreas de Reinserción Social tanto de adultos como de adolescentes.
A continuación su misiva: “Te comparto que de febrero a la fecha hemos realizado tres conversatorios con los operadores del sistema de justicia para adolescentes y cuatro con los operadores del sistema de justicia para adultos. Cada uno con una complejidad distinta.
La dinámica de estos conversatorios implica que cada parte plantea un problema práctico que tiene en la operación del sistema con otra institución; es decir, por qué se le está dificultando hacer su trabajo. Para darte un ejemplo sobre lo anterior, tiene que ver desde la entrega de copias de los ministerios públicos a los defensores o la citación de los testigos, hasta los traslados de los internos en el Centro Estatal de Readaptación Social para las audiencias y la duración de las mismas”.
“Pero se trata no sólo de que planteen un problema, sino que además propongan una solución, que no puede ni debe salirse del marco de la ley. Ambos, problema y solución, se discuten frente a todos los representantes de cada institución, con la intervención que cada parte tiene desde su perspectiva como operador, de modo que no perdamos la visión integral de la actuación de todos y cada uno de los operadores. Puedo decirte que estos conversatorios nos han servido para ‘acomodar y poner en su lugar’ a la acción y al responsable de ejecutarla conforme a la ley, y para que todos vean que la omisión o el exceso de atribuciones en cualquier paso tiene repercusiones en el resto de las instituciones de justicia”, añade la funcionaria.
Sigue diciendo: “Creo que no basta solo con platicarlo y acordar, así que la siguiente reunión será para verificar el avance en la ejecución de los acuerdos; evaluar si lo acordado les ha ayudado en el trabajo operativo diario y en qué medida. En caso contrario, redireccionar nuevamente los esfuerzos hasta que poco a poco la coordinación se dé lo mejor posible”.
“También te puedo decir que queda evidenciada la naturaleza, la experiencia y el actuar humano, no institucional. El gobierno está formado por personas, y creo que tanto dentro como fuera de él hay quien trabaja y hay quien no; existen visiones distintas y hay visiones compartidas. Este sistema implica un cambio de paradigma, un cambio de cultura, tanto de los operadores como de la sociedad, incluidos los medios de comunicación; y además se da en un momento de seguridad pública muy complejo a nivel nacional”, indicó.
Por otro lado la maestra Myrna Delia Alvarez Uriarte me confirmó que el Estado de Morelos se encuentra entre los tres primeros sitios a nivel nacional con sustanciales avances en el nuevo sistema de justicia adversarial (juicios orales), donde uno de los mayores retos ha sido transformar la mentalidad de quienes, durante muchísimos años, se acostumbraron al sistema anterior de justicia. En varios cursos de capacitación los instructores han detectado prácticas ancestrales o “estructurales” que chocan con el nuevo modelo. Una de las partes más afectadas es la investigación lógica a cargo de agentes del Ministerio Público.
Finalmente, la secretaria Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal me informó sobre los avances conseguidos por el gobierno morelense a favor de la justicia penal enfocada hacia los adolescentes. Durante décadas fue una práctica común, por parte de los agentes ministeriales y jueces, internar a los menores infractores en el Consejo Tutelar de Alpuyeca (hoy Centro de Ejecución de Medidas para los Adolescentes o CEMPLA), pero sin estar sentenciados. A principios de febrero del presente año y bajo los auspicios del gobernador Marco Adame Castillo se inauguró la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (UMECA), cuyo pilar fundamental, de acuerdo con la Constitución federal y las normas internacionales, es el principio de presunción de inocencia. La institución, por lo tanto, atiende ya esta problemática al prever medidas cautelares alternativas a la prisión previa al juicio o “preventiva”.
Al respecto cabe subrayar que hoy más de 92 mil personas en México están en “prisión preventiva”; es decir, casi la mitad de todos los internos del sistema penitenciario, generando altos costos económicos y sociales para los mismos presos, sus familias, su comunidad, la sociedad entera y el gobierno. En breve, según expuso la maestra Myrna Delia Alvarez Uriarte, se consolidará un proyecto tipo UMECA para adultos, con lo cual nuestra entidad habrá dado otro paso sumamente importante hacia la reinserción social. Agradezco sobremanera la información proporcionada por Alvarez Uriarte, pues nos ayuda a confirmar que no todos los servidores públicos son burócratas consumados. Sin embargo, me parece que si no se blindan todos los esfuerzos antes de que concluya el sexenio, la eventual alternancia política en 2012 podría enviar a la cañería todo el progreso conseguido. A ver.