El tema cobró especial relevancia en fechas recientes afectando de manera grave la imagen de Humberto Moreira, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, a quien las autoridades hacendarias federales acusan de haber gestionado y admitido empréstitos para la administración coahuilense fuera de tiempo y al margen legal.
Sin embargo, gran parte del debate se enmarca dentro de la creciente ebullición preelectoral rumbo a “la madre de todas las elecciones” a celebrarse el primero de julio del año próximo. Allá el señor Moreira y sus malas decisiones que, tal vez, le costarán su remoción al frente del partido tricolor.
Como todos sabemos, Martínez Garrigós recibió la autorización del Congreso local para conseguir, a través de la banca comercial, un crédito hasta por 600 millones de pesos destinados al fomento de nueva infraestructura urbana y a la aplicación de programas sociales. Tuvo, además, el apoyo unánime del Cabildo. Lamentablemente, el alcalde recibió cualquier número de críticas estériles provenientes de sus detractores, adscritos a partidos de oposición (básicamente panistas), respecto a la aplicación de los cuantiosos recursos. Pero los proyectos ejecutados hablan por ellos mismos. Ahí están, cumpliendo con su objetivo. Dirán misa los antagonistas de MMG, quien ni suda ni se acongoja esperando la inauguración de otras obras rumbo al final de su administración. Empero, es probable que solicite licencia entre enero y febrero próximos al cargo de presidente municipal en su objetivo de buscar la candidatura priísta a la gubernatura de Morelos. Así lo señalan los tiempos plasmados en el Código Estatal Electoral.
Tocante a la alusión de Martínez Garrigós al endeudamiento público es importante señalar que no descubrió el hilo negro, ni el agua tibia. Todo lo inherente a la búsqueda de recursos e inversiones dirigidos a la creación de nueva infraestructura no es nada nuevo. Hace unos días Fitch Ratings, reconocida firma asesora y calificadora de deuda pública, admitió en un “reporte especial” (del cual tenemos una copia) que “es indispensable recurrir a los empréstitos externos para generar progreso”. Añadió lo siguiente: “La inversión en infraestructura es un objetivo de los gobiernos estatales y municipales. Considerando que el postergar a futuro los proyectos de inversión requeridos conlleva un alto costo económico y social, se puede optar por complementar los recursos generados internamente por ambos niveles de gobierno, con recursos provenientes de fuentes externas de financiamiento, a fin de implementar los proyectos de inversión más apremiantes que requiere la comunidad”. Para confirmar lo anterior, diré que el presidente de la República, Felipe Calderón, volvió a presionar la semana pasada al Congreso federal para que le sea autorizada una nueva ley de participación privada en el fomento de la infraestructura social, reconociendo que el gobierno necesita de financiamiento externo.
De conformidad con lo establecido en la fracción VIII del artículo 117 constitucional, los estados y municipios pueden contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados (como el SAPAC en Cuernavaca) y empresas públicas, siempre y cuando el endeudamiento no sea en moneda extranjera. Lamentablemente, el tema del endeudamiento está siendo utilizado por el PAN (nacional) como un argumento para agredir a las administraciones priístas. Sin embargo, en lo concerniente a Humberto Moreira y su paso por el gobierno coahuilense hay mar de fondo. Debido a ello es probable que sea removido en breve de la dirigencia nacional tricolor. El 16 de septiembre concluirá la gestión gubernamental de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Días después hará un pronunciamiento nacional tocante a su aspiración de convertirse en el abanderado presidencial priísta; y entre sus primeras decisiones podría figurar la de reubicar a Moreira, si es que el escenario político nacional así lo exige (parece que el tema de la inseguridad está rebasando lo partidista). A ver.
Cambiando de tema es importante alertar sobre los inminentes subejercicios en que incurrirán algunas dependencias federales, concretamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos proyectos en Morelos avanzan a paso de tortuga, mientras se acerca septiembre, mes fatal en que dichas obras deberán mostrar avances de hasta un 60 por ciento, o de lo contrario el dinero retornará a las arcas de Hacienda y Crédito Público. No hay nada por descubrir tocante a los famosos subejercicios, contemplados extensamente por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, normatividad que, incluso, plasma sanciones a quienes realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos.
¿Recuerdan ustedes que a finales de 2010 y comienzo de 2011 se festinó la obtención de cifras multimillonarias en la Cámara de Diputados para la realización de obras viales en la zona sur de Cuernavaca y la oriente de Morelos? ¿Dónde están? Evidentemente se trata de un subejercicio. Los subejercicios se explican por multiplicidad de factores, cada uno de ellos característico de los diversos ramos o entidades ejecutoras de recursos. Entre ellos destacan: el atraso en los procesos de licitaciones, una inadecuada calendarización de recursos, el diseño de reglas de operación o condiciones normativas inapropiadas, el atraso en la ministración de dinero por requisitos técnicos y las contingencias ambientales, entre otras razones. Esto significa que los subejercicios están ligados al incumplimiento de metas. El problema se agrava cuando los recursos remanentes al cierre del ejercicio que no se hayan devengado deben ser concentrados invariablemente en la Tesorería de la Federación. Esto se ha repetido durante años en Morelos, como ocurrirá muy seguramente con los dineros de la SCT. Y si no, al tiempo.
1 comentario
Hey
La transparencia en las cuentas debe ser parte esencial de la democracia… Compartelo!