Nunca se le retiró completamente del sistema de readaptación social a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en su lugar fue designado, como encargado del despacho, Luis Navarro Castañeda, proveniente de la subdirección del mismo penal de Tetecala. Empero, jamás debió imaginar que dos meses después (el sábado 29 de mayo) sería “levantado” por un grupo armado, al parecer perteneciente al “cártel del pacífico sur”, y después brutalmente asesinado.
Será la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la institución responsabilizada de llegar a la verdad histórica de los hechos, determinar si hubo delitos federales implícitos, o se trató de otra mascarada a nombre de presuntas células del crimen organizado. Dentro de las estructuras de seguridad pública federal, estatal y municipal nadie desconoce la “moda” de utilizar determinadas siglas para reivindicar crímenes del fuero común. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Luis Navarro Castañeda llegó de manera provisional a la dirección del Cereso en medio de las corruptelas que propicia un supuesto modelo de reinserción social, cuyo único resultado es la generación de nuevos o peores delincuentes. Muy raras veces se sabe de ex procesados o ex sentenciados que hayan retornado a actividades productivas legales. Conservadoramente, sólo un 35 por ciento lo consigue.
Así las cosas, Navarro Castañeda recibió la consigna de “sanear” Atlacholoaya, cuyo “autogobierno” era ejercido mediante una perniciosa alianza entre custodios (faltaba más) y peligrosos hampones. Insisto: lo anterior tendrá que ser dilucidado por las autoridades competentes, porque también pudo haber imperado otro escenario: el de la eventual impunidad encabezada por quien fuera victimado el sábado 29 de los corrientes.
Lo ocurrido, así como la sistemática repetición de evidentes hechos de corrupción en el Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, me hace voltear de manera retrospectiva hacia otros momentos del penal, sin distinguir mejoras en su funcionamiento actual. El 14 de julio de 2008, por ejemplo, escribí que “a 65 años de su fundación y tras haberse convertido en el prototipo del hacinamiento, el vetusto penal de Atlacomulco fue sustituido por el actual Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, proyectado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari dentro del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria en Arrendamiento Financiero (1992), al que el gobierno de Morelos se incorporó en noviembre de 1994”.
“El proyecto del Cereso de Morelos tenía como objetivo llegar a una población de 2012 reclusos, para lo cual fue necesario modificar el proyecto ejecutivo y el presupuesto iniciales. Desde luego que la realidad es distinta hoy en día, pues la cantidad de internos de Atlacholoaya asciende a alrededor de 2 mil 700, rebasando ya las condiciones de habitabilidad recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Para estas fechas del año 2010, la población penitenciaria alcanza alrededor de 3 mil 200 presidiarios.
Los problemas de narcotráfico en el área de alta seguridad no son nada nuevo, pues un informe enviado el 30 de diciembre de 1999 por la doctora Concepción Galán García, entonces jefa del Departamento Médico de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, a Aurelio Caballero Vera, director de Coordinación Técnica de la misma dependencia en las mismas fechas, reveló que constantemente se detectaba a varios presos bajo el efecto de alguna droga. La cosa sigue igual hasta hoy.
El 23 de junio de 2008 se realizó un fuerte operativo a cargo de 300 elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, decomisándose 127 envoltorios de vegetal verde (marihuana), 39 dosis de polvo blanco (cocaína), 33 pastillas psicotrópicas, 17 plantas de marihuana, más de un centenar de objetos punzo-cortantes y ocho teléfonos celulares, mismos que quedaron bajo resguardo de la autoridad federal. Sin embargo, cuando Luis Navarro Castañeda llegó como encargado del despacho a la dirección del Cereso casi a finales de marzo del presente año, todo seguía exactamente igual. La impunidad penitenciaria en su máximo esplendor.