El 4 de febrero de 2025, se presentó ante el Senado mexicano el proyecto de decreto que expide diversas leyes, incluida la nueva Ley del Sector Eléctrico, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar el sector energético del país y avanzar hacia una mayor inversión en energías limpias.

El cambio más significativo que propone esta ley es dar preferencia al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre los actores privados en actividades clave como la generación y comercialización de electricidad, así como la planeación de nuevas plantas de energía. La ley también establece que el gobierno podrá generar el 54% de la energía inyectada en la red eléctrica anual, siempre y cuando se logre un marco operativo adecuado en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El MEM, que organiza la venta de energía entre productores, prioriza las ofertas más económicas. En este contexto, las energías renovables como la solar y la eólica, que son más baratas que las plantas de ciclo combinado, tienen un papel importante, aunque México aún carece de suficiente infraestructura renovable. A pesar de los desafíos técnicos y económicos, la ley busca asegurar que el gobierno tenga un rol dominante, lo que podría afectar el dinamismo del mercado y las relaciones internacionales, especialmente con países como España y Estados Unidos, grandes inversionistas en el sector energético mexicano.

Además, la iniciativa promueve esquemas de generación de energía como la inversión mixta y el autoconsumo, que buscan atraer capital privado. En estos modelos, la CFE y empresas privadas compartirían los costos y beneficios de las nuevas plantas de energía, siempre con un énfasis en proyectos de energías limpias.

El Gobierno ha destacado su compromiso con las energías renovables, con planes de la CFE para instalar 16 proyectos de energía eólica y solar con una capacidad total de 7,143 MW para 2030. Estos proyectos, junto con las inversiones privadas que se permitirán, se alinean con el objetivo de alcanzar un 50.6% de participación de energías limpias en la generación de electricidad del país para ese año.

Si bien las reformas propuestas prometen avances hacia un sector energético más sostenible, también generan incertidumbre sobre el impacto que tendrán en las relaciones con inversionistas privados y la capacidad del país para cumplir sus compromisos internacionales.