Ordena su destitución e inhabilitación por irregularidades graves cometidas en su periodo como director jurídico del gobierno; Israel Hernández dice que solo el Congreso puede removerlo y se dice víctima de una persecución.

La Secretaría de la Contraloría inhabilitó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) Israel Hernández Cruz, por irregularidades cometidas durante su gestión como director Jurídico el Gobierno de Morelos durante el sexenio del ex gobernador Graco Ramírez. Sin embargo, el ombudsman aseguró que la sanción que le fue notificada por la dependencia estatal no le impide continuar al frente de la CDHEM.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Contraloría confirmó que impuso a Hernández Cruz como sanción la destitución e inhabilitación por seis años para ejercer empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

Detalló que la sanción fue resultado del desahogo de un procedimiento administrativo, en el que se comprobó que Hernández Cruz incurrió en irregularidades graves cuando ejerció funciones como servidor público durante la pasada administración en el mes de septiembre del año 2016.

Sin precisar en su comunicado la conducta sancionada, la Secretaría de la Contraloría sostuvo que la resolución del proceso administrativo que culminó en sanción, no es producto de ninguna persecución política y que Hernández Cruz tuvo la oportunidad de ejercer su debida defensa.

Aclaró que la resolución notificada al titular de la CDHEM establece claramente sus alcances –lo cual no implica la consumación inmediata de la sanción- y que dará vista a la autoridad competente (el Congreso del estado) para que sea ésta tome una determinación respecto a la situación del ombudsman.

Por su parte, a través un comunicado, Hernández Cruz -quien tampoco abundó sobre la irregularidad imputada- aseguró nuevamente que existe una persecución en su contra y que la resolución de la Secretaría de la Contraloría fue arbitraria.

“En este procedimiento se me acusa de manera arbitraria de conductas que además no cometí, están derogadas desde 2017 y la facultad de investigarlas está prescrita por mucho tiempo y han caducado las facultades de la autoridad administrativa de la Contraloría para investigar dicha responsabilidad e imponer la sanción que hoy se notifica”, afirmó, al señalar que continuará usando las vías legales para defenderse e indicó que la única autoridad que puede decidir sobre su permanencia como ombudsman es el Congreso local.