A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción (FECC) informó que fue vinculado a proceso un ex empleado del Congreso de Morelos por fraude procesal, ya que el juez consideró que la agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes y argumento contundente para demostrar que el imputado presuntamente incurrió en un delito.

Durante la audiencia celebrada la tarde de este lunes cinco de julio, en la Ciudad Judicial de Atlacholoya, el juez consideró que son razonables los indicios presentados por la Fiscalía Anticorrupción y decidió vincular a proceso a Humberto “N”.

El miércoles 30 de junio de 2021, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Humberto “N”, quien presuntamente en 2019 realizó el trámite de su pensión a razón del equivalente al 55 por ciento de su último salario, como secretario técnico de la Comisión de Grupos Indígenas del Congreso del estado de Morelos y entregó documentos con información falsa sobre su historial laboral.

Presuntamente, el imputado presentó documentos irregulares del Ayuntamiento de Mazatepec para acreditar que trabajó en los años 2003 al 2006, en tanto que, también dio constancias de haber laborado como subordinado en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de 2006 al 2009 en el municipio de Miacatlán, pero la Fiscalía Anticorrupción presentó la constancia que le otorgó el Impepac a Humberto “N”, ya que durante ese periodo fungió como regidor del ayuntamiento, cargo que no está considerado dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para ser beneficiario de una pensión.

Esto debido a que Humberto “N” en su carácter de regidor fue depositario de un poder y por carecer de la condición de subordinación queda excluido de la definición de trabajador, es decir, de los derechos y obligaciones de la Ley mencionada.

La constancia del Impepac fue el documento clave para la vinculación del ex funcionario público, ya que para obtener su pensión debió haber trabajado al menos 10 años como empleado subordinado.

El juez concedió tres meses para el cierre de la investigación, relacionada con la causa penal JC/1093/2020.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".