Consejería Jurídica analiza vía legal después de que la Fiscalía Anticorrupción se desistió de acción penal por la presunta falsificación de documentos.

La Consejería Jurídica del gobierno estatal analiza la vía jurídica a seguir como tercero perjudicado, luego de que la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la acción penal en cuanto a la presunta falsificación de documentos para la tramitación de las llamada "pensiones doradas" en la administración anterior. 

Así lo dio a conocer el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, quien calificó como "extraña" la decisión del ministerio público.  

“La verdad es que nos preocupa que de alguna manera, en algunas de ellas sí vinculan al Poder Ejecutivo, pero en las que han trascendido (que se desistió la Fiscalía) es un tema del Congreso… hay que esperar a que nos vinculen para hacer los pagos correspondientes y haremos el análisis correspondiente”, expresó. 

El abogado mencionó que hasta donde tiene entendido el ministerio público está solicitando el sobreseimiento y este implica una sentencia absolutoria, o sea se termina (el proceso), pero vamos a analizar una vez que se nos notifique y en su caso si tenemos alguna figura jurídica qué utilizar lo vamos a hacer”, advirtió.  

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la acción penal en el expediente JC/851/2019 contra Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora de Recursos Humanos del Congreso y esposa del actual diputado local Julio César Solís Serrano, también dirigente del Partido Movimiento Ciudadano.  

La ex funcionaria del Poder Legislativo había sido señalada por haber aceptado documentación presuntamente falsa, que se utilizó para aprobar alrededor de 70 pensiones a personajes cercanos y familiares de funcionarios allegados al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu con sueldos muy elevados, a pesar de que no habrían cumplido con los requisitos de ley.  

El consejero calificó como “extraña” la decisión de la Fiscalía, ya que dicha ex servidora pública “se supone que estaba vinculada a proceso y ahora solicitan el sobreseimiento”, por lo que reiteró que se analizará con detenimiento este y otros casos. 

Recordó que hay decretos sobre dichas pensiones y por otro lado está la vía penal sobre actos que podrían constituir algún ilícito, por lo que se refiere a los señalamientos de supuesta falsificación de documentos.  

En ambos sentidos, a final de cuentas el Ejecutivo es el que acabaría pagando dichas pensiones, con el impacto que implican para las arcas estatales, de ahí que podría actuar como tercero perjudicado o vinculado, señaló el funcionario.