Eliminar la facultad complicará operatividad de secretarías: Tomasaz Merino.

El Poder Ejecutivo planteó al Congreso local la importancia de que en el Paquete Fiscal del 2022 se mantenga la libre transferencia de recursos, pues esto permite responder de manera inmediata a situaciones urgentes -como ocurrió con la pandemia- y eliminar esta facultad complicaría la operatividad de las diferentes secretarías.  

En entrevista, la secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino fue cuestionada sobre la intención de algunos legisladores de eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo haga transferencias de recursos a lo largo del año fiscal sin necesidad de la autorización del Congreso.

Dijo que ha explicado a las y los diputados que la libre transferencia es una facultad que en este momento tiene el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda para reasignar los recursos, es decir, quitar presupuesto de un lado y mandar a otro, según las necesidades o, en caso de tener excedentes, decidir en qué aplicarlo. Recordó que, en lo referente a los excedentes, sí hay limitaciones por ley.   

“Sí he escuchado y me lo han comentado que han pensado en quitar ese clausulado, pero de hacerlo así, ellos se convertirían en una unidad operativa del Ejecutivo, harían atribuciones de la Secretaría de Hacienda y la realidad es que operativamente sí colapsaríamos un poquito al gobierno, porque para cualquier reasignación o ampliación tendría que pasar al Congreso y tendrían que estar sesionando para aprobar las ampliaciones”, abundó. 

La funcionaria mencionó que todos los días recibe ese tipo de solicitudes y muchas de ellas son de poca cuantía, incluso de cinco mil pesos para una impresora, por ejemplo.  

Argumentó que también hay solicitudes de ampliaciones por importes muy importantes, por varios millones de pesos, como las que se han atendido y otras que están pendientes, como la del Poder Judicial o los recursos entregados al Instituto Morelense de Procesos electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Dejó en claro que si los legisladores insisten en esa idea, pues se acatará y ellos atraerían la responsabilidad, pero dejarían atado de manos al Ejecutivo en situaciones emergentes, como podría ser el rubro de salud o el de protección civil, entre otros.  

En cuanto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial respecto a su presupuesto, informó que hasta el momento no ha recibido la notificación.

Manifestó que sin duda se acatará, pero primero se analizará su alcance. Mencionó que hasta ahora sólo conoce la resolución que dice que declara fundado el recurso interpuesto por el Poder Judicial, pero no conoce los efectos, porque no ha recibido la notificación correspondiente. 

“Lo que argumentaba el Poder Judicial eran tres puntos: peleaba que se le otorgara el 4.7 por ciento, pero la diferencia está sobre qué base se calcula, porque ellos tienen una interpretación respecto a lo que es el gasto programable y nosotros como Ejecutivo otra. El otro punto es que no se había integrado el 100 por ciento su presupuesto, sino que ya venía recortado por parte del Ejecutivo y el último punto se refería a la autonomía presupuestal con el argumento de que nosotros invadíamos esferas de competencia” detalló. 

Por lo tanto, consideró que se tiene que estudiar cuál de esos tres puntos interpretó la Corte y en qué sentido, e incluso conocer si la orden del máximo tribunal se refiere al Congreso, que fue quien aprobó el monto asignado o a qué instancia. 

“Necesitamos conocer al cien la resolución. Lo que ellos reclamaban en su controversia constitucional, eran 900 millones de pesos adicionales a su presupuesto, para operar durante todo el ejercicio (el año). Lo cierto es que al día de hoy ya estamos en noviembre, ya sólo les quedaría un mes. Por eso tenemos que esperar a conocer los efectos”, añadió. 

Por la misma razón no podría establecer, a la fecha, si la decisión de la SCJN impacta o no sobre el monto que se asignará al Poder Judicial en el 2022.