Impulsa Segob iniciativa de Ley general de prevención y protección ante agravios.

Con la exigencia de periodistas y activistas de que el gobierno federal no se deslinde de la responsabilidad del Estado de garantizar el libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, este lunes iniciaron en Morelos los foros convocados por la Secretaría de Gobernación para la elaboración de la nueva ley general en la materia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración convocó a la realización de diálogos en varios estados del país. Este ejercicio de consulta inició este jueves y continuará hoy.

El representante de la dependencia federal en la entidad, Carlos Alberto Brito Ocampo, expuso que la institución propone impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, "que subsane las áreas de oportunidad de la legislación vigente y fortalezca la actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas".

En el acto de inauguración, integrantes de organizaciones sociales y algunas comunicadoras interrumpieron el acto protocolario de inauguración y se manifestaron para tomar la palabra. Tras exponer el grave panorama de violencia que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos ante el elevado número de muertes y agresiones, dijeron estar en contra de simulaciones, como ha ocurrido con el mecanismo federal desde hace algunos años.

Exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de activistas y comunicadores con listones negros en la muñeca y el puño en alto, hicieron un pase de lista de las y los periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en los últimos meses. Mencionaron los crímenes de Rodrigo Morales, activista ambientalista; Alejandro García Zagal “El Chepe”, activista social; Manuel González Reyes, administrador de un medio digital; Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio, y Ana Luisa Garduño, activista en pro de las personas desaparecidas. Todos ellos fueron asesinados en el estado de Morelos.

En el mismo acto, periodistas de Morelos tomaron la palabra a través de la voz de la reportera Maciel Calvo Elmer, quien dio lectura al documento firmado por al menos 15 reporteras y reporteros. Señalaron que hay una permanente ausencia de voluntad política para hacer que los mecanismos funcionen de manera adecuada, ágil y eficiente.

Además de hacer referencia a la creciente violencia a la que se enfrenta el gremio, expuso la pereza institucional para que dichos mecanismos funcionen, al exigir que el gobierno federal no busque en la nueva ley general deslindarse de la obligación del Estado mexicano de garantizar la libertad de expresión, que el documento señala que es evidente: “la clara intención del mecanismo federal por desentenderse de las agresiones perpetradas en contra del gremio periodístico en todo el territorio nacional, endosando toda la responsabilidad a los estados y eludiendo la propia, sin otorgar recursos etiquetados, programas, personal capacitado y con la experiencia debida que se requiere”.

Calvo Elmer destacó que lamentablemente el mayor número de periodistas asesinados trabajaba en las entidades federativas y continuó con la lectura del citado documento mediante el que enumeró algunas de las propuestas, entre ellas, la generación de un Registro Nacional de Agresores, así como la creación de uno o varios albergues dignos para periodistas que se ven obligados a salir de su entidad con su familia por el riesgo que corren ante las amenazas.

También destacaron la necesidad de incluir en la ley sanciones administrativas y penales vinculantes en contra de servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas.

A lo largo de la jornada de este jueves, activistas y periodistas expresaron sus reclamos por las acciones y omisiones de las autoridades en los diferentes niveles y expusieron las deficiencias del mecanismo federal. Así mismo, feministas externaron sus inquietudes e inconformidades, lo mismo que activistas por los derechos de la diversidad, de la infancia, o por el uso de la marihuana, entre otros temas.

Incluso, una de las integrantes de una organización civil adherida al mecanismo federal mostró que en ese momento estaba recibiendo amenazas de muerte en su contra y su familia por su labor en torno a feminicidios; comentó que activó el denominado “botón de pánico” y no obtuvo respuesta, en tanto que el o los agresores le daban 48 horas para decidir.

Los diálogos que este jueves se desarrollaron con la presencia de funcionarios estatales y federales continuarán durante este día.