El 4.7% del presupuesto estatal equivale a casi mil millones de pesos: Jasso Díaz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con la información necesaria para pronunciarse en breve sobre cuál es el gasto estatal programable para el cálculo del presupuesto anual del Poder Judicial.

Precisó que ayer fue presentada ante el tribunal constitucional la contestación e inconformidad del Poder Judicial  con  la propuesta del Congreso, que estimó el gasto estatal programable del gobierno de Morelos en 10 mil 852 millones de pesos,  y  el monto equivalente al  4.7% para  al Poder Judicial en 510 millones 53 mil pesos.

Explicó que en el oficio que presentó ayer mismo ante la Corte, el Poder Judicial argumentó que los conceptos que integran el presupuesto estatal programable son más de los que el Congreso consideró y  que, por lo tanto, el 4.7% que le corresponde a la administración de justicia equivale a casi mil millones de pesos, es decir, el doble de lo estipulado por el Poder Legislativo.

“De acuerdo con la fórmula que presenta el Congreso el estado, nosotros nos inconformamos en virtud de que consideramos que no se ha analizado completamente al cien por ciento. Le decimos -a la SCJN-  lo que nosotros prevemos, lo que pensamos que es el gasto programable y los rubros que lo deben constituir y eso duplica lo que nosotros consideramos el gasto programable”, detalló.

Indicó que conforme a las respuestas del Congreso y del Poder Judicial, la SCJN está en condiciones de emitir su pronunciamiento, el cual será fundamental para calcular el monto del presupuesto anual de la administración de justicia.

En noviembre de 2021, el Poder Judicial del Estado de Morelos ganó la controversia constitucional, a través de la cual defendió su autonomía financiera y reclamó la modificación a su proyecto presupuestal para el 2021.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundada la controversia constitucional 15/2020, que promovieron conjuntamente el Tribunal Superior de Justicia  (TSJ) y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), en la que impugnaron la “alteración” del proyecto presentado al Poder Ejecutivo y autorizado por el Congreso local para el 2021, y exigieron la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable, conforme a la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente al Poder Judicial.  

En cumplimiento de su sentencia, la SCJN requirió al Congreso local presentar un informe desglosado sobre el monto y los conceptos que integran el presupuesto estatal programable, con el propósito de definir los recursos que tocan a la administración de justicia con base en su autonomía financiera.

Inconforme, el Poder Judicial refutó la propuesta legislativa, y ahora será el tribunal constitucional quien determine la que determine quién tiene la razón.