Enumeran irregularidades, omisiones y negligencias durante prácticas efectuadas en diversas fosas en dos municipios.

El colectivo Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos denunció una serie de irregularidades, omisiones y  negligencias en las diligencias de localización y disposición de cuerpos y restos humanos en una fosa clandestina ubicada recientemente en el municipio de Zacatepec, y otras zonas que fueron inspeccionadas en el municipio de Yecapixtla.

Previo a acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a entregar un oficio en el que el colectivo retó al fiscal estatal, Uriel Carmina Gándara, a responder con claridad y pruebas una series de cuestionamientos, Tranquilina Hernández, activista y madre de Mireya Montiel, joven de 18 año desaparecida en septiembre de 2014, señaló que el coordinador General de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, y otros funcionarios de la fiscalía actúan con falta de profesionalismo, ética, compromiso social y apego a la ley, vulnerando los derechos de las víctimas a la búsqueda, a la verdad y la justicia.

Relató que el pasado 14 de marzo el colectivo, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda, ubicó una fosa clandestina en un predio en el municipio de Zacatepec, sin embargo, la fiscalía optó por ignorar el llamado del colectivo para acudir de inmediato al sitio con el pretexto de que necesitaba una orden de cateo por ser propiedad privada, pese a que lugar fue intervenido anteriormente sin obstáculos ante la localización de restos humanos.

Además, cuando se notificó el hallazgo del cadáver, el personal de la fiscalía cuestionó si colectivos de familias estaban en el sitio y, por si fuera poco, extrañamente llegó al lugar personal de una agencia funeraria, con el argumento de que es práctica común que la fiscalía que lo llamen para disponer de los cuerpos.

Esto es una “situación extremadamente grave que no debería realizar la fiscalía, pues todos los cuerpos que son localizados tienen que ser trasladados a la SEMEFO para realizar las investigaciones correspondientes como dicta la ley (realizar necropsia para determinar la causa de muerte, los peritajes correspondientes para saber la identidad de la persona que se halló, así como las investigaciones correspondientes para saber la verdad) y evitar que el delito quede impune.

“Todo lo anterior, nos deja claro que la Fiscalía tiene conocimiento sobre sitios que, como este, se están convirtiendo en zonas de inhumación clandestina, sin que lo prevenga ni mucho menos intervenga. Además, que pone obstáculos o excluye a las familias organizadas de nuestro colectivo que en este caso realizamos el hallazgo, para contar con información y participar en el proceso como nos respalda la ley”, señaló Tranquilina Hernández.

Y recalcó: “Más grave es el hecho de que la zona no ha sido tratada de acuerdo con los protocolos para resguardar los indicios, existiendo información que han sido localizados más restos de cuerpos, sin que la autoridad nos confirme o descarte dicha información, nos informe de su destino ni mucho menos de su identificación. Y asimismo, tampoco nos ha aclarado porqué una agencia funeraria privada participa en sus procedimientos”.

Explicó que una situación similar ocurrió el 18 de marzo, tras un hallazgo de presuntos restos humanos en campos del poblado de Mixtlancingo, del municipio de Yecapixtla,  cuyo sitio también fue intervenido en 2021 y 2022 y donde la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión aseguró que fue reprocesado el sitio e insistió en descartar la existencia de más restos.

Reportó también que en los últimos meses el personal de la fiscalía niega a las familias acceder al álbum o archivo fotográfico de las personas y restos humanos localizados, para saber si alguno de ellos corresponde a sus seres queridos.

“Estas prácticas dejan al descubierto que la Fiscalía a través del área de SEMEFO e identificación humana no han entendido la necesidad de la humanización del servicio, porque las familias que quieren revisar el álbum fotográfico de los cuerpos resguardados, no lo hacemos con ninguna intención de morbo, sino solo descartar o confirmar el destino de nuestro familiar desaparecido.

“Aún más, que la revisión la tenga que realizar el perito nos hace desconfiar de sus resultados porque nos han demostrado varias veces y de diversas maneras que no están interesados en avanzar en la resolución de nuestros casos. Además, muchas de las veces tienen una sobrecarga de trabajo, entonces conocer y reconocer cada característica física de las victimas denunciadas se vuelve una tarea imposible, y sobre todo que no podamos verificar con nuestros propios ojos la información, nos deja más en incertidumbre a las familias”, dijo.

Ante ello, el colectivo retó al fiscal estatal Uriel Carmona Gándara a responder a todos los cuestionamientos respecto a las anomalías, omisiones y negligencias en las que incurre la institución y personal.
“Si nosotras mentimos, demuéstrenos con pruebas que así es. Porque de lo contrario, su silencio solo nos confirma lo que ya sabemos, que Usted sabe, permite y participa en esta impunidad. Le exigimos nos responda a las decenas de preguntas que tenemos sobre sus resultados: ¿Cuándo se tuvo conocimiento del hallazgo de los restos óseos señalados anteriormente? ¿Cuál es el fundamento legal y las razones por las cuales no se realizó el levantamiento de los restos óseos? ¿Cuáles han sido las diligencias realizadas a partir de la notificación del hallazgo de restos humanos en Zacatepec?

“¿Qué medidas se han tomado para identificar a las víctimas? ¿Cuáles son las acciones que la Fiscalía debe aplicar al momento de recibir notificación de restos óseos? ¿Cuál es la razón legal y las razones por las cuales no se nos ha dado acceso a la revisión de los álbumes fotográficos de las SEMEFO? ¿Qué medidas han tomado para que el personal de la Fiscalía, en especial la Coordinación de Servicio Periciales e identificación humana tenga las herramientas necesarias para atender dignamente a las familias que acuden a querer revisar los álbumes? ¿Por qué seguimos encontrando cuerpos en zonas resguardas y procesadas por sus funcionarios? ¿Qué interés oculta para permitir que nuestros tesoros queden olvidados en esos terrenos?”, formuló.

Agregó que estas denuncias públicas colocan a las integrantes del colectivo en una situación de vulnerabilidad, pero el hartazgo y la indignación las obliga a alzar la voz contra las instituciones y sus funcionarios que buscan anular a las víctimas y sus familias.