Familiares pidieron apoyo de las autoridades para hacer frente al tratamiento médico y a las posibles secuelas, así como la reparación del daño.

Familiares del joven Héctor, quien fue herido a balazos por un policía mientras se encontraba en el Skatepark Venus de Civac en Jiutepec, pidieron apoyo de las autoridades para hacer frente al tratamiento médico y a las posibles secuelas, así como la reparación del daño.  

Junto con integrantes de la organización civil Tribus Urbanas, los familiares sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno del estado, este miércoles.

Al término de la misma, en conferencia de prensa, expresaron que funcionarios de la dependencia mostraron disposición, por lo que suspendieron los bloqueos de vialidades que habían anunciado hace varios días.

Pidieron al Ejecutivo, a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) la reparación de los daños causados a la víctima, así como apoyo para que se haga justicia.

Aseguraron que de acuerdo con la información que les dio el titular de la CES, el policía que habría disparado en la espalda a Héctor está libre porque no tenían elementos para procesarlo.

Los inconformes advirtieron que si no hay respuesta concreta a sus demandas podrían retomar las movilizaciones y el cierre de vialidades.

Explicaron que la agresión ocurrió hace 20 días, pero no habían tenido ninguna atención, excepto del alcalde de Jiutepec Rafael Reyes, quien les dijo que el policía responsable no es de ese municipio.

Una de las familiares comentó que el joven ya fue intervenido quirúrgicamente el lunes, pero todavía no le extraen la bala y desconocen si podrá caminar; sólo saben que se encuentra estable en la Ciudad de México y a la fecha han gastado más de 12 mil pesos.

Expusieron que tan solo el traslado para poder ver al herido implica gastos para la familia de escasos recursos.

El representante de la organización civil Tribus Urbanas, René Bello González, dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes por teléfono, en los que le advierten que dejen de exigir justicia y que deben terminar con las protestas.