*También participaron autoridades del INE, Impepac, TSJ, TJA y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos*

Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, así como secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, titulares del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), de manera simultánea y de forma virtual, recibieron por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) capacitación en blindaje electoral, con motivo del proceso electoral federal y local 2023-2024.

Durante la misma también participaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos.

Lo que se busca, destacó el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, al dar la bienvenida a las autoridades, es prevenir la comisión de delitos electorales en las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como dar a conocer los propios lineamientos que contienen las acciones antes, durante las campañas y el día de la jornada electoral.

Tras agradecer y reconocer los esfuerzos de la FGR, y en particular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por su compromiso con la transparencia y legalidad en los procesos electorales, Samuel Sotelo refirió que esta capacitación es una oportunidad única para que los funcionarios y servidores públicos obtengan las herramientas necesarias para garantizar la legalidad, transparencia y equidad en los procesos electorales.

En su intervención, María Ángeles Lozano McDonald, quien forma parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reconoció el interés de las autoridades y los convocó a establecer, desarrollar e identificar el cumplimiento de estas acciones al interior de cada dependencia.

Detalló que, de acuerdo con los lineamientos, la finalidad es garantizar los recursos y que programas institucionales no sean utilizados con fines electorales, además de prevenir que las y los servidores públicos incurran en conductas que pueden ser susceptibles de un delito electoral.