Falta recopilación de pruebas sólidas para que agentes del Ministerio Público imputen a presuntos responsables, señala magistrado presidente.
Sólo entre el 10 y el 15 por ciento de los casos de feminicidio son judicializados, debido a la falta de recopilación de elementos de prueba sólidos para que los agentes del Ministerio Público imputen a los presuntos responsables de la privación de la vida de mujeres.
A escasos días de que en la marcha del 8M colectivos y ciudadanas reclamaran al Estado la ausencia de justicia para decenas de mujeres asesinadas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, dio a conocer estadísticas preocupantes.
Las cifras oficiales del TSJ revelan que de 200 feminicidios perpetrados anualmente, sólo 10 o 15 casos son judicializados, es decir, llevados ante un juez para someter a proceso penal a él o los feminicidas.
“De feminicidio nosotros tenemos asuntos que sabemos que están denunciados, pero se judicializan muy pocos asuntos. Nosotros tenemos una estadística que aproximadamente al año se judicializan entre 15 y 20 asuntos nada más, de aproximadamente 200 asuntos que se denuncian al año”, explicó, al señalar que de los casos que llegan a los juzgados, el 90 por ciento resulta con sentencias condenatorias.
Cuestionado si la fiscalía estatal incurre en fallos al momentos de indagar e integrar las carpetas de investigación, Gamboa Olea respondió prudente: “Creo que es un tema de investigación, no es que lo estén haciendo mal, es un tema en donde las carpetas tienen que venir bien sustentadas, donde las carpetas tienen que contener datos de investigación sólidos para sustentar un juicio y para, obviamente, llevar a los agresores ante los juzgadores”.
Evitó emitir calificativos hacia la labor de la FGE en los casos de femicidios, sin embargo, sostuvo que compartió con el nuevo fiscal estatal, Édgar Maldonado Ceballos, estos datos y adelantó que en breve se conformará e instalará el órgano consolidador para la reforma judicial, como órgano responsable de coordinar y construir la agenda en materia de procuración y administración de justicia en materia penal.
Señaló que Morelos está muy demorado en la instauración de este órgano, el cual tiene la finalidad de identificar los fallos o debilidades del sistema de justicia penal, proponer soluciones e intercambiar puntos de vista entre las instituciones participantes, y es este espacio donde se podría abordar el tema de las investigaciones y judicialización de los casos de feminicidio.
