Ayala.- Un grupo de 12 ayudantes del municipio de Ayala denunciaron haber sido amenazados por el presidente municipal Antonio Domínguez Aragón, quien de esa manera pretende deslindarse del cumplimiento de su compromiso para dotar de servicios públicos básicos a las comunidades.

Aseguran que el pasado martes 24 de enero, acudieron al palacio municipal en busca del edil para tener una reunión y saber por qué no se cumplió con los acuerdos, sin embargo, aseguran que fueron recibidos por un grupo de empleados municipales y por regidores quienes los agredieron física y verbalmente.

Señalan que los agresivos empleados del ayuntamiento golpearon al ayudante de Tenextepango Fernando Romero, mientras que el ayudante de la Colonia Emiliano Zapata, Jesús González Morales, fue agredido verbalmente por el regidor Javier Tavera.

“Exigían el cumplimiento de un acuerdo que fue firmado 13 octubre 2016, donde el presidente municipal y su cabildo se comprometen a brindar beneficios a sus comunidades, como son las luminarias, servicios públicos y seguridad pública, comprometiéndose como fecha límite el 31 de diciembre del 2016 para cambiar las luminarias de varias comunidades”, señaló Adelaida Marcelino, asesora legal de los ayudantes.

En conferencia de prensa, las autoridades auxiliares manifestaron que en lugar de abrir un espacio para el diálogo, el alcalde Antonio Domínguez Aragón se ha dedicado a acudir a las radiodifusoras a difundir versiones alejadas de la realidad, como el que los ayudantes exigen una parte del presupuesto del Ramo 33, “sabemos que esos recursos vienen etiquetados y sería un delito desviarlos, por eso le pedimos al presidente que se conduzca con la verdad”.

Indicaron que de no corregir su conducta, el presidente municipal está ocasionando que se genere un conflicto social, pues aseguran que el edil tiene a un grupo de ayudantes municipales a los que sí beneficia por tener vínculos con personas que trabajan en el ayuntamiento.

Los inconformes no descartaron endurecer sus movilizaciones para rechazar las agresiones de las que han sido objeto, pues aseguran que sólo pidieron que cumpla con su obligación de dotar de servicios públicos a las comunidades.