Familiares apelarán la sentencia y emprenderán acciones en contra del Ministerio Público.

Cuautla.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejó en libertad a tres integrantes de la banda de secuestradores que en el año 2012 privaron de la libertad al niño Jair “N”, de siete años de edad, a quien después de tres meses asesinaron, a pesar de haberse pagado el rescate en dos ocasiones, denunció Ana Laura Solís Sánchez, madre del pequeño “Bam-Bam”, como era conocida la víctima.

Ante lo que califica como una injusticia, anunció que apelará la sentencia y al mismo tiempo iniciará un proceso en contra de la fiscal antisecuestros, a la que señala como responsable de esa liberación, ya que no presentó pruebas en su contra. Dijo que en una semana se dictará sentencia en contra de otros tres de los implicados, para los que pide la pena máxima.

“Dejaron en libertad a tres mujeres; vamos a apelar. El 28 de septiembre se dictarán sentencia a otros tres… Esas tres personas que dejaron en libertad es porque la fiscal Alma Rodríguez no hizo su trabajo, no presentó pruebas, le dieron seis meses para trabajar y no lo hizo; íbamos bien, pero al no presentar las pruebas en contra de los secuestradores, los jueces los dejaron en libertad. Lo dijeron los jueces y los defensores, cuando pruebas hay suficientes para que no quedaran en libertad”, aseguró.

Asimismo, manifestó que entre las personas que fueron liberadas está la que se encargaba de alimentar al menor durante su cautiverio, así como la encargada de mantenerlo sedado, pero ante la falta de pruebas por presuntas omisiones de la fiscal, quedaron en libertad.

Ana Laura Solís Sánchez denunció hostigamiento y malos tratos durante la audiencia celebrada el martes, pues asegura que a ella le pusieron custodios –uno a cada lado– para impedirle que se moviera, mientras que a su hija, que es también víctima, se le impidió entrar a la audiencia.

También refirió que cuando el juez señaló que la fiscal antisecuestros no había presentado pruebas en contra de los presuntos plagiarios, ella solicitó presentar las que existen y que fueron desaparecidas de la investigación, pero no se lo permitieron.

Señaló que muchas de las evidencias fueron logradas con el apoyo de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Además de la apelación, asegura que iniciarán acciones legales en contra de la agente del Ministerio Público, quien durante los seis meses que se le dieron para aportar pruebas, no lo hizo y con ello facilitó que la mitad de la banda quedara libre.