Empresarios demandan al municipio por 125 millones de pesos de indemnización.

Cuautla.- Los parquímetros, que por años han sido rechazados por los ciudadanos, volverán a las calles de esta ciudad ante la demanda de los empresarios, que exigen el pago de 125 millones de pesos de indemnización por presuntos incumplimientos de la pasada administración, señaló el alcalde de este municipio, Rodrigo Arredondo López, quien aseguró que es un hecho el regreso de la amenaza del cobro por estacionarse en la vía pública.

Mientras tanto, la empresa que explota una cuestionada concesión de estacionómetros volvió a embolsarse 34 millones de pesos de los impuestos de los cuautlenses, que pagó la administración que encabezó Jesús Corona Damián por supuestas sanciones al no poder operar los parquímetros por falta de reglamentos.

El actual presidente municipal asegura que esos 34 millones de pesos se perdieron y ahora los empresarios exigen el pago de 125 millones de pesos, a pesar de que existen múltiples lagunas y presuntas irregularidades en las concesiones y en las reglas de operación, las cuales buscan cobrar jugosas multas por descuido de los propietarios de vehículos, según afirman activistas que se oponen al funcionamiento de los parquímetros.

“Es una demanda; el problema es lo que nos quieren cobrar: 125 millones de pesos porque el gobierno anterior incumplió, no publicó el Reglamento de Tránsito que se aprobó en el Cabildo y al haber incumplimiento, todo se regresa hacia atrás. Los 34 millones que entregó el presidente Corona es como si no se hubieran dado y arranca otra vez la deuda de 125 millones de pesos por ese incumplimiento”, afirma.

Dijo que la culpa fue del secretario municipal, quien no envió el Reglamento de Tránsito para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; sin embargo, existe el antecedente de que dicho reglamento no se socializo, pero también los empresarios no cumplieron con el compromiso de instalar un sistema de videovigilancia en las calles donde pretendían operar, pues hasta final de la pasada administración dichas cámaras nunca fueron entregadas al Ayuntamiento; aun así, se quedaron con 34 millones de pesos sin ningún beneficio para la ciudad.

Arredondo López señaló que no hay salida y se tiene que imponer el cobro por estacionar los vehículos en la vía pública, aunque los activistas aseguran que existen múltiples causales para la revocación de las supuestas concesiones actualizadas.

“Vamos a platicar con él; estamos viendo cómo podemos hacerle, ya está definido que se tengan que colocar, no los aparatos pero que estén funcionando. Pero lo que estoy platicando con ellos es que se tienen que poner, es una obligación que tenemos, pero tenemos que ver qué aportan a la ciudad, que la ciudad sienta que tiene un beneficio”, agrega.