Mediante un manifiesto emitido a la comunidad estudiantil, en el cual detallan las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades, por lo que exigen la intervención de la Contraloría, así como la destitución de su directora María Concepción Tonda Mazón, a quien acusan de ser incapaz para agilizar la solución al conflicto que los mantiene tomando clases en edificios prestados.

En el documento del cual hicieron llegar una copia a este medio de comunicación, señalan que el origen del desalojo, parte de la irregularidad de haber entregado el terreno que debería ser para los ejidatarios a cambio de la parcela escolar, a un particular y de haber sobrevaluado el costo de la construcción de los dos edificios de la escuela.

“El problema de origen mediante el cual se perdieron las instalaciones de la sede Ayala, es la complicidad al aceptar entregar a un particular el terreno destinado para los ejidatarios, cuando pudo quedar en resguardo de la UPN si existía algún problema de procedimiento, abandonando después la gestión para finiquitar el proceso”, indican.

Enfatizan que al construir el edifico escolar que ahora está en poder de los ejidatarios de la comunidad de Rafael Merino se hizo a razón de ocho millones de pesos por cada uno de los edificios, lo que se traduce en un costo de un millón de pesos por aula, cuando las mismas debieron haber costado un tercio de dicha cantidad.

“Haciendo una valoración generosa, cada aula pudiera salir en doscientos cincuenta mil pesos, dando cuatro millones por los dos edificios construidos. Existe un déficit de veinte millones, que bien pueden justificar una imposición para la dirección de UPN Morelos”, aseguran.

Por lo anterior, presumen que existe un desvío económico importante, “si cada edificio se valoró en ocho millones y se presupuestaron tres, que equivalen a veinticuatro millones, en dónde quedó el edificio faltante y bajo qué criterio se evalúo la construcción, que además fue entregada con muchos faltantes del mobiliario escolar”.

Es por ello que piden la intervención de la  Secretaría de la Contraloría del estado a fin de investigar las irregularidades denunciadas, con la intención de encontrar una solución rápida a la falta de edificio escolar que pone en riesgo su preparación académica al no contar con las instalaciones adecuadas para recibir clases y llevar el control de los expedientes.