Este jueves se llevó a cabo la audiencia de control, en donde la juez de Juicio Oral, luego de conocer los argumentos presentados por el Ministerio Público, determinó como legal la detención de los dos hombres que estaban a cargo del albergue: Pablo “N” de 30 años y Clemente “N” de 68 años, a quienes se les imputan los delitos de trata de personas y explotación infantil, por lo que se les dictó prisión preventiva.
El ministerio público señaló que el pasado 17 de febrero un policía municipal de Yautepec y otro de la Policía de Mando Único, pusieron a disposición a los detenidos, al asegurar que fueron denunciados por una mujer de estar reteniendo a su hijo menor de edad en el corte de la caña. Durante un operativo, presuntamente fueron rescatados 11 menores de entre 13 y 17 años originarios del estado de Puebla.
Antes y después de la audiencia de control de Juicios Orales, un grupo de compañeros de los detenidos calificaron de injusta la detención, pues lo único que hacían los detenidos era ayudarlos para que pudieran trabajar y tener un lugar donde vivir.
“Aquí estamos trabajando por propia voluntad. Lo único que nos trae aquí es nuestra necesidad, porque en nuestro pueblo en Puebla no hay en qué trabajar. Aquí hay mucho trabajo y preferimos ganarnos unos pesos honradamente con nuestro trabajo que andar robando o matando gente, preferiblemente estar aquí trabajando”, señaló Rufo Ambrosio.
Asegura que los menores de edad fueron separados de sus familias con violencia y engaños, “todos los niños son nuestros hermanos, nuestros primos, llegaron, según los del DIF, nos los arrancaron a la fuerza y se los llevaron. Cuando fuimos a ver al Ministerio Público, los tenían en el piso tirados. Los niños pedían irse con nosotros porque no les daban de comer, llevaban un día y una noche sin comer. Se los llevaron con mentiras porque les dijeron que les iban a dar hospedaje, comida, ropa, cobijas, pero nada de eso”.
Por su parte la Unión Local de Productores de Caña de la zona de abasto de Casasano, en voz de su líder Félix Rodríguez Sosa, aseguró que se trata de un abuso policiaco, por lo que exigió la liberación de los dos detenidos que son gente de trabajo. Adelantó que ante esta injusticia, los productores de caña de la entidad iniciarán movilizaciones para exigir que se detenga a las bandas de secuestradores y no a la gente humilde y trabajadora.
La audiencia de vinculación a proceso penal fue programada para la semana próxima.