Cuautla.- El pasado 8 de diciembre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) determinó iniciar medidas de apremio para los regidores de este municipio, como parte deljuicio laboral 357/2003 iniciado por la señora Amelia Santibáñez Flores y que costó la destitución de Jesús González Otero como presidente municipal.

El apoderado legal de la demandante Daniel Barranco Guzmán señaló que ahora serán a los integrantes del Cabildo, a quienes se les requiera el complimiento del laudo a través de las medidas de apremio, como lo establece el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil.

Sobre las medidas explicó que “es el apercibimiento de una multa, de incumplir consistirá en la multa y después es el apercibimiento de la destitución y al último la destitución”.

Reconoció que posiblemente no se haga efectivo el laudo en lo que resta la administración, “pero los apercibimientos continuarán para la administración entrante, lo que significa que el riesgo de la destitución del presidente municipal que entre en funciones y de los integrantes del ayuntamiento persistirá”.

Dijo que en este tipo de circunstancias “hay que tomar en cuenta que el deudor es el ayuntamiento, no las personas físicas, y como consecuencia quienes estén al frente deberán de pagar”. 

Sobre el juicio, indicó que “inicialmente se buscó llegar a una conciliación ante la falta de pago, pero al no lograrse, se inició el juicio ante el TECA y precisamente el laudo salió desde el 2006, cuando se firmó un convenio con el ayuntamiento, que tenía la obligación de cubrir por el resto de la administración a más tardar el 31 de octubre del 2009 la deuda”.

Sin embargo, ante la salida del tesorero Arturo Guerrero Ordóñez, el ayuntamiento comenzó a incumplir con los pagos y a consecuencia de ello se inició el procedimiento de ejecución forzosa del laudo.

En el 2012 se inició un juicio de amparo, para hacer efectivo el cobro y como consecuencia de ello, “una vez que nos concedieron el amparo se obligó al TECA a aplicar las medidas de apremio necesarias, para hacer cumplir con el laudo emitido dentro del expediente 01/357/03 para que el ayuntamiento cubriera el monto condenado”.

Ante el incumplimiento, el juzgado de distrito comenzó a requerir al tribunal, “para que aplicarán las medidas de apremio y con fecha 10 de octubre, el pleno del tribunal determinó la destitución del presidente municipal”.

Además estableció que “mediante el acuerdo del día 8 de diciembre, se ordena hacer efectiva y materializar la destitución, por lo que se gira oficio al síndico municipal Oskar Rosales Corona, para que proceda en los términos establecidos por los artículos 171 y 172 de la Ley Orgánica Municipal, para mandar a traer al suplente Lorenzo Portillo Amaro, de manera que asuma el cargo, por lo que resta la administración, es decir hasta el 31 de diciembre”.

También el TECA ordenó girar oficio a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, para informar la destitución, “con el objeto de que ya no pueda disponer de los recursos públicos”.

Estableció que el objeto de las medidas de apremio, “es que se cumpla el laudo, si éste no se paga, la condena que se estableció en el expediente, van a subsistir los apercibimientos”.

Comentó que el Ayuntamiento tiene el límite que el TECA le va dando, “normalmente en la Ley del Servicio Civil establece que el Ayuntamiento, cuando son condenados, tienen un término de 72 horas para dar cumplimiento a un laudo y si no se da por cumplido, se inicia procedimiento de ejecución forzosa, como sucedió”.

También recordó que hay varios expedientes laborales que pueden originar una situación igual, de manera que “el incumplimiento de los laudos no es en específico en este asunto, hay muchos más asuntos laborales en etapa de ejecución y que llevan el riesgo de que tanto al presidente como los regidores puedan ser destituidos”.

El procedimiento es el mismo, sin importar el monto, puede ser diez mil y hasta millones de pesos, dijo.

El problema de la administración de justicia conlleva a que el asunto se haya hecho largo. “Lleva 12 años y precisamente dado la poco el interés de querer cubrirlo, nos hemos visto obligados a iniciar el juicio hasta sus últimas consecuencias”.

Sobre su representada dijo que ella siempre ha existido la voluntad de negociar, “de hecho inicialmente buscamos una conciliación y la diferencia de diez mil pesos tiene el asunto hasta aquí”.

Y es que cuando termina la administración de Neftalí Tajonar Salazar, “mi clienta se acercó con el secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Reynoso Abúndez, para buscar una negociación, pero como ella quería 60 mil y el Ayuntamiento sólo le ofrecía 50 mil, por ello nos vimos obligados a demandar”.