En un ambiente de tensión se llevó a cabo la mañana de este martes en la ciudad judicial de Cuautla, la audiencia para dar cumplimiento al ordenamiento del juez federal del sexto distrito, quien invalida las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de Estado (FGE) durante un cateo a las viviendas de los cuatro indígenas tlapanecos acusados del asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado.

En tanto se desarrollaba la audiencia en la sala número siete de la ciudad judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Cuautla, afuera contingentes a favor de los indígenas y por otro del Frente Popular Revolucionario (FPR) se lanzaban consignas mutuamente, por lo que fue necesario la implementación de un fuerte dispositivo de seguridad con elementos antimotines de la Policía del Mando Único y de la Policía Federal para impedir un enfrentamiento.

De esta manera, quedaron sin efecto las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional como un machete, una computadora, un vehículo y pruebas genéticas, las que presuntamente fueron recabadas violando los derechos humanos de los detenidos, aseguró Cristian René Fragoso Velázquez, defensor de los inculpados.

“Los magistrados han dado cumplimiento a esta determinación, mediante la cual se resolvió dejar sin ningún efecto probatorio todas aquellas pruebas que fueron recabadas de un cateo ilegal, porque así fue determinado por el juez federal, entre ellos son indicios que consideraba importantes la propia fiscalía”, indicó.    

Señaló que aunque el proceso continúa, este es un paso importante que contribuirá a lograr la libertad de los detenidos. “Esto es un paso importante para la defensa de estas personas que han sido injustificadamente sometidas a este proceso y da pauta para tomar la determinación si se recurre aún así este fallo o se continúa en el proceso para poder ir a un juicio. La fiscalía se ve en un panorama complicado, al ir a juicio sin pruebas (sic) que fueron obtenidas de manera ilícita”, destacó.

A su vez, los integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), en voz de su dirigente Ignacio Díaz Montes, señalaron que su presencia en el lugar no obedecía a un reclamo a los magistrados “ni para faltarles al respeto, sino sólo para exigir que se haga justicia”.

Calificaron de arbitrario el amparo concedido por la justicia federal, ante lo cual advirtieron que iniciarán una serie de movilizaciones para exigir que se haga justicia y se castigue a homicidas de su dirigente.