Joe Biden, presidente demócrata de Estados Unidos, aligeró, pero no eliminó, sanciones económicas en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para que acceda a productos, entre ellos vacunas, que ayuden a la nación sudamericana a luchar contra el coronavirus (COVID-19).

A Venezuela se le facilitará la compra de:

• Vacunas
• Cubrebocas
• Ventiladores
• Tanques de oxígeno
• Material hospitalario
• Pruebas de detección

Sin levantar las medidas punitivas contra Venezuela, el Departamento del Tesoro (Treasury) de Estados Unidos emitió licencias que autorizan más operaciones comerciales en el Gobierno de Maduro, luego de que Biden pidió reducir las sanciones que influyan en el combate a la pandemia.

COVID-19 en Venezuela

A través de un comunicado difundido en su sitio web, el Treasury de Estados Unidos comentó:

“Estas nuevas autorizaciones apoyarán aún más el crucial trabajo de Gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado para brindar asistencia relacionada con COVID-19”.

Las medidas tomadas por la pasada administración de Estados Unidos, encabezada por el republicano Donald Trump, incluyen un embargo del petróleo, crucial para la economía de Venezuela. Maduro denunció que esas sanciones fueron un “crimen de lesa humanidad” contra su ciudadanía.

Estados Unidos actúa tarde

En febrero de 2021, Alena Douhan, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, pidió a Estados Unidos retirar sanciones económicas a Venezuela para que el país comprara vacunas COVID-19.

Luego de una visita oficial a Caracas, capital de Venezuela, para corroborar cómo las sanciones económicas de Estados Unidos sofocan esfuerzos para vencer el COVID-19, Alena Douhan incluyó en este llamado a la Unión Europea (UE), bloque que también sanciona con medidas financieras a Maduro:

“El efecto devastador de las sanciones impuestas (por Estados Unidos) se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, ciudadanos de Venezuela, organizaciones no gubernamentales, nacionales y empresas de terceros países”.