Inmigrantes y activistas en Estados Unidos exhortaron a los demócratas y al presidente Joe Biden a que impulsen con celeridad un proyecto de ley que proteja a los inmigrantes jóvenes, luego de que un juez federal de Texas fallara que es ilegal un programa de la era de Barack Obama que impide deportar a miles de ellos que fueron traídos al país cuando eran niños.

Los inconformes anunciaron que apelarán la decisión del juez federal, Andrew Hanen, que el viernes 16 de julio declaró ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), con lo que prohibieron al gobierno tramitar nuevas solicitudes, pero lo dejaron intacto para los beneficiarios actuales.

El fallo es una “sirena de alarma” para los demócratas, dijo la directora ejecutiva del grupo activista United We Dream, Greisa Martinez Rosas.

Consideró que los demócratas serán los únicos culpables si no se concreta una reforma legislativa. “Hasta que el presidente y los demócratas en el Congreso cumplan con la naturalización, las vidas de millones seguirán en riesgo”, afirmó.

Hanen falló a favor de Texas y ocho estados conservadores más que interpusieron una demanda para detener al DACA, que provee protecciones limitadas a unas 650 mil personas.

El programa enfrentó varias impugnaciones en tribunales desde que el entonces presidente Obama lo instituyó en junio de 2012. El gobierno de Trump anunció que ponía fin al DACA en septiembre de 2017, pero la Corte Suprema federal falló en 2020 que el gobierno no le puso fin de forma adecuada y permitió que continuara en vigor una vez más.

En un comunicado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se comprometió a que los demócratas impulsarán la aprobación de la Ley Dream y exhortó a los republicanos a que “se nos unan en respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía”.

En el fallo del viernes 16 de julio, Hanen escribió que los estados demostraron “las contrariedades que la continua operación del DACA les ha infligido”.

“Además”, agregó, “el gobierno no tiene un interés legítimo en continuar con un programa implementado ilegalmente”.
Biden ya propuso una ley que proporcionaría un mecanismo de naturalización para los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que se esfuercen en preservar el programa.

Los partidarios del DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, dijeron que es necesario que el Congreso apruebe una ley para proporcionar un alivio permanente. Hanen dijo que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones del DACA a los beneficiarios comúnmente conocidos como “dreamers”, basadas en las propuestas de la llamada Ley Dream que el Congreso nunca aprobó

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en marzo para crear un mecanismo de naturalización para los dreamers, pero la medida se estancó en el Senado. Los simpatizantes de los inmigrantes esperan poder incluir una cláusula que abra esa puerta a la naturalización en un amplio proyecto de ley presupuestal que los demócratas desean aprobar este 2021, pero se desconoce si esa propuesta tendrá éxito.

Además de Texas, los demandantes eran Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos ellos estados con gobernadores o secretarios de Justicia republicanos.

Los estados argumentaron que Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear el DACA porque eludió al Congreso. Los estados también alegaron que el programa merma sus recursos educativos y de salud.

El Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés) y la Fiscalía General de Nueva Jersey, que defendieron el DACA a nombre de un grupo de beneficiarios, argumentaron que Obama sí tenía la autoridad para instituir el programa y que los estados carecían de legitimación procesal para demandar porque no sufrieron ningún daño debido al DACA.

Thomas Saenz, presidente del MALDEF, dijo que los demandantes apelarán.