El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, debido a la instalación de una barrera de boyas en el río Bravo con el objetivo de detener el cruce de migrantes desde México.
La querella, presentada ante un juez federal en Austin, busca que el estado retire la fila de grandes boyas anaranjadas que se extienden aproximadamente 305 metros en el río. El gobierno federal argumenta que esta barrera plantea preocupaciones ambientales y humanitarias.
Según la fiscal general adjunta Vanita Gupta, la barrera representa una obstrucción no autorizada a la navegación en aguas de Estados Unidos, lo que incumple la legislación federal al instalarla sin autorización. Además, la medida ha generado protestas diplomáticas por parte de México y podría dañar la política exterior de Estados Unidos.
El gobierno de Abbott colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas ni al Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. Ante esto, el gobierno de México solicitó la intervención del presidente Joe Biden, argumentando que la barrera viola los tratados internacionales.
Esta barrera flotante forma parte de la operación de seguridad fronteriza emprendida por Texas, que también incluye cercas de alambre de púas, detención de migrantes bajo cargos de invasión a propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia estados con gobiernos demócratas.
Los opositores han cuestionado la efectividad de la operación Lone Star desde hace tiempo, y un testimonio de un elemento de la Patrulla Fronteriza estatal la semana pasada señaló que los alambres causan heridas a los migrantes, lo que ha puesto el operativo bajo el escrutinio público.
En respuesta a la demanda, Abbott envió una carta a Biden defendiendo el derecho de Texas a instalar la barrera de boyas y acusando al mandatario de poner en riesgo a los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje a Estados Unidos.
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El gobierno de Biden ha afirmado que el número de cruces fronterizos irregulares ha disminuido significativamente desde mayo, cuando se implementaron nuevas reglas de inmigración.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado que las políticas de Abbott han dificultado el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza al río y las calificó de acciones ilegales que socavan las propuestas del presidente en materia migratoria.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Biden presenta una demanda contra Texas por sus acciones en la frontera. En 2021, el secretario de Justicia, Merrick Garland, acusó al estado de interferir con la responsabilidad del gobierno federal para la aplicación de leyes de inmigración.
Por otro lado, el gobierno estadounidense está impulsando un nuevo proceso migratorio que permitiría a personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras reunirse con parientes que sean ciudadanos o residentes permanentes regulares, según el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Los interesados deben cumplir con todos los requisitos establecidos para este proceso migratorio.
