El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y la Canciller de México, Alicia Bárcena, han anunciado la formación de un equipo de trabajo destinado a remover las boyas con alambre instaladas por el gobierno de Texas en el Río Bravo, que sirven como obstáculo para los migrantes que cruzan entre ambos países.
Durante una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en el Departamento de Estado en Washington, Bárcena expresó la preocupación del Gobierno Mexicano en relación al muro flotante, destacando que la mayoría de las boyas se encuentran en territorio mexicano.
Bárcena también compartió su confianza en la resolución de esta cuestión: "Estoy convencida de que encontraremos una solución a las boyas con alambre". A pesar de ello, Bárcena agradeció a la administración del presidente estadounidense Joe Biden por presentar una demanda en contra del gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, debido a la instalación de estas boyas.
Por su parte, Blinken subrayó el compromiso del Gobierno de Estados Unidos con el Estado de Derecho y explicó que las acciones legales impulsadas por el Departamento de Justicia tienen como objetivo retirar las boyas existentes y prevenir la instalación de nuevas.
Blinken destacó la importancia de permitir que el proceso judicial siga su curso y señaló: "Esta es la forma apropiada de proceder para un país que cumple con el Estado de derecho”.
Desde su parte, la Canciller Alicia Bárcena ya ha enviado dos notas diplomáticas a Estados Unidos para expresar su preocupación por las boyas con alambre instaladas por el gobernador republicano de Texas en un intento de frenar el flujo de migrantes a lo largo del Río Bravo.
Nuevo centro migratorio en México
En su primera visita oficial a Estados Unidos, Bárcena también explicó que el centro migratorio que México abrirá en el sureste del país será "temporal".
La canciller contó que servirá para atender a los migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se quedaron varados en territorio mexicano cuando Estados Unidos levantó el Título 42, la política de expulsiones usada durante la pandemia de COVID-19.
La instalación, que todavía no tiene fecha ni lugar de apertura, estará gestionada por Naciones Unidas y contará también con servicios consulares de Estados Unidos que evaluarán qué migrantes son elegibles para entrar en ese país.
Aquellos que no puedan ir a Estados Unidos, añadió Bárcena, tendrán opciones para ser "integrados" en México, dado que hay demanda de mano de obra en el sureste del país latinoamericano, aunque también podrán regresar a sus países de origen, con la única excepción de los haitianos por la grave crisis que atraviesa su nación.
