Este miércoles un juez federal en Texas, Estados Unidos, emitió un fallo que podría tener un impacto significativo en el futuro de DACA, el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia.
El juez Andrew Hanen, del distrito sur de Texas, rechazó un recurso presentado por el Gobierno del presidente Joe Biden y declaró nuevamente ilegal el programa DACA.
El objetivo del Gobierno demócrata era registrar el programa DACA en la ley federal para protegerlo de futuras demandas y garantizar la seguridad de los más de medio millón de beneficiarios del amparo migratorio. Sin embargo, el juez Hanen argumentó que tenía preocupaciones sobre la legalidad del programa y que la solución debería provenir de la rama legislativa en lugar de la ejecutiva o judicial.
Este no es el primer revés legal para DACA, ya que el mismo juez Hanen había declarado ilegal el memorando inicial que creó el programa en 2021. Según él, el Gobierno de Biden simplemente intentó "formalizar" un programa que ya había sido declarado irregular.
La Casa Blanca expresó su profunda decepción por la decisión del juez y anunció que apelará el fallo. La portavoz Karine Jean-Pierre enfatizó que la protección de los beneficiarios de DACA ha sido una prioridad desde el inicio de la administración de Biden y llamó al Congreso a aprobar legislación que brinde una vía de regularización para las más de medio millón de personas que dependen del amparo migratorio.
A pesar del fallo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que los "soñadores" no serán deportados y que se seguirán renovando sus solicitudes de permiso de trabajo. Sin embargo, reconoció que la decisión del juez socava la "seguridad y estabilidad" de los migrantes.
El programa DACA ha permitido que más de medio millón de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad permanezcan en el país sin temor a la deportación y trabajen legalmente. Inicialmente, fue implementado por el Gobierno de Barack Obama como una medida temporal, pero fue rescindido por el expresidente Donald Trump en su primer año de mandato, lo que desencadenó una serie de disputas legales.
La organización Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), que intervino en el juicio para defender el DACA, anunció que apelará la decisión, y el senador Dick Durbin instó al Congreso a tomar medidas para proteger a los beneficiarios del programa.
Esta prolongada batalla legal, originada en una demanda presentada por ocho estados con gobiernos republicanos, podría llegar ahora a la Corte Suprema, lo que añade incertidumbre al futuro de DACA y sus beneficiarios.
