En un momento importante para la preservación de nuestros océanos, la Unión Europea junto con 67 países han firmado el Tratado de Alta Mar, acordado previamente por la ONU en marzo.
Este acuerdo, diseñado para proteger las grandes extensiones de aguas marinas que no están bajo la jurisdicción de ningún país, representa un logro monumental en la lucha por la conservación de dos tercios de los océanos del mundo, que constituyen el hábitat más extenso de nuestro planeta.
Tras años de intensas negociaciones, la ratificación de este tratado allana el camino hacia la concreción del objetivo global de resguardar al menos el 30% de nuestros mares, que enfrentan amenazas crecientes como la contaminación, el cambio climático y la potencial explotación minera.
Estas aguas, ubicadas a más de 200 millas marinas de las costas y compartidas por todas las naciones, han sido administradas hasta ahora a través de una serie de acuerdos y organismos internacionales, careciendo de una jurisdicción clara y de normativas adecuadas para su protección.
La adhesión a este tratado, formalmente adoptado el pasado 19 de junio, será incorporada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se ha anunciado en el contexto de la cumbre de la ONU celebrada en Nueva York.
Entre los países que ya han ratificado este acuerdo se encuentran Estados Unidos, China, Australia, Alemania, Francia, España y el Reino Unido. Sin embargo, destacan las ausencias de potencias como Rusia o la India.
Las organizaciones ecologistas han aplaudido esta ratificación, considerándola un firme compromiso gubernamental con la restauración y la conservación de la salud de nuestros océanos. No obstante, se reconoce que aún queda un arduo trabajo por delante para garantizar su aplicación efectiva.
Este tratado se erige como un pilar fundamental para la implementación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el cual insta a los países a proteger y conservar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.
En un comunicado, WWF ha subrayado que este tratado permitirá la designación de zonas marinas protegidas en alta mar y contribuirá a ordenar el actual mosaico de organismos de gestión, reduciendo así el impacto acumulativo de actividades como el transporte marítimo, la pesca industrial y la explotación de recursos en alta mar.
La firma de los gobiernos en este tratado se considera una formalidad que indica su disposición a ratificarlo a través de procesos nacionales. Se estima que se necesitarán sesenta ratificaciones para que el tratado entre en vigor, marcando un paso crucial hacia un futuro más sostenible para nuestros océanos.
