El Gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó ayer una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país.
Esta medida ha sido calificada por sus detractores como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal. Se espera que la ley de Texas sea impugnada rápidamente en los tribunales.
Es importante destacar que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal en Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos de Texas han desafiado estos límites con cada vez más intensidad durante la presidencia de Joe Biden, argumentando que el gobierno federal no hace lo suficiente para impedir la entrada ilegal de personas.
Texas ha tomado medidas extremas, enviando a más de 65,000 migrantes a otras ciudades del país y colocando alambre de púas en las orillas del río Bravo, lo que ha causado lesiones a algunos solicitantes de asilo.
La nueva ley, que podría entrar en vigor en marzo, autoriza a cualquier policía de Texas a detener a personas sospechosas de haber entrado sin papeles al país.
Una vez detenidas, estas personas podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o enfrentar cargos por un delito menor de entrada ilegal. Aquellos inmigrantes que no cumplan con la orden podrían ser detenidos nuevamente por delitos graves.
Sin embargo, esta medida ha sido ampliamente criticada por expertos legales, quienes la consideran una violación de las competencias del gobierno federal en materia de inmigración.
El gobierno de México también ha expresado su rechazo a la legislación. En Estados Unidos, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han arremetido contra el presidente Biden por no haber frenado antes las agresivas medidas fronterizas de Texas.
Treinta ex jueces de inmigración de Estados Unidos, que han trabajado en administraciones tanto republicanas como demócratas, han firmado una carta en la que condenan la medida por considerarla inconstitucional.
"Esta medida, que sin duda provocará separaciones masivas de familias, debe ser anulada", declaró Priscilla Olivárez, abogada y estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, con sede en San Antonio.
