La Justicia de Argentina suspendió las reformas laborales incluidas en un megadecreto firmado por el presidente Javier Milei hace tan solo dos semanas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país sudamericano, presentó un amparo que ha resultado en esta significativa medida.
Horas después de la decisión judicial, el gobierno anunció su intención de apelar la medida cautelar y solicitó la "incompetencia de ese fuero", según un comunicado de la Procuración del Tesoro.
El megadecreto, que abarca más de 300 medidas destinadas a desregular la economía, derogó y modificó leyes relacionadas con la actividad laboral, como los contratos de trabajo, las causas de despido y las indemnizaciones, entre otros aspectos cruciales.
Desde su promulgación, la CGT ha expresado su fuerte oposición al texto y, después de que el gobierno presentara un proyecto de ley en línea con la postura ultraliberal de Milei, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre, la CGT anunció una huelga nacional programada para fines de enero.
“Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto (…) hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”, dijo la jueza Andrea García Vior de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en la sentencia dictada por la Cámara.
Cabe destacar que esta medida puede ser apelada por el Gobierno nacional.
Tras conocerse la sentencia, la CGT emitió un comunicado en el que expresó: "Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores".
Es importante mencionar que el decreto de Milei aún está en vigor, pero podría ser derogado por el Congreso nacional si es rechazado por ambas cámaras. Sin embargo, el oficialismo enfrenta una gran oposición, ya que no cuenta con una mayoría sólida tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
A pesar de que el Congreso argentino normalmente estaría cerrado durante el verano boreal, Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta fin de mes para debatir el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
