El Reporte Anual sobre Derechos Humanos del gobierno estadounidense destaca la persistente falta de acción en México y en otros países frente a la impunidad y la violación de derechos fundamentales.
Presentado a la prensa por Antony Blinken, secretario de Estado, el capítulo sobre México presenta una situación gris sobre la defensa de los derechos humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el informe, se critica al gobierno mexicano por no investigar y enjuiciar a miembros de grupos criminales que, de acuerdo con el reporte son responsables de hechos violentos como homicidios, tortura, secuestro, extorsión y tráfico de personas entre otros.
El documento resalta que no se han observado cambios significativos en materia de derechos humanos en México, haciendo hincapié en casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridos durante el año 2023.
Además, se menciona la ausencia de un registro oficial y cifras fiables sobre estos delitos, especialmente en lo que respecta a personas desaparecidas.
El caso emblemático de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa vuelve a ser mencionado en el informe, destacando negativamente la salida de México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras la negativa del ejército mexicano de proporcionar documentos solicitados.
Entre las críticas al gobierno mexicano, se destaca también la reiterada descalificación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial y sus representantes, expresadas durante sus conferencias matutinas.
No obstante las críticas, el reporte reconoció como un punto a favor la detención del exsecretario de Seguridad de Puebla, durante el gobierno de Mario Marín, Adolfo Karam quien es señalado como responsable del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien en su libro “Los Demonios del Edén” hizo pública la denuncia de la participación de Marín en una red de trata sexual de menores.
El informe aborda también temas como Segalmex y la persistente impunidad, no solo en México, sino también en otros países, pero que en el caso de nuestro país, señala la falta de “cambios significativos” en torno a derechos humanos derivado de la relación entre autoridades y miembros de grupos delictivos.
