El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el traslado de más de 2,000 miembros de pandillas al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de alta seguridad con capacidad para 40,000 criminales. Según Bukele, este recinto es "la cárcel más grande de América".
Bukele comunicó mediante X que los pandilleros fueron reubicados desde las cárceles de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente.
Esta madrugada, trasladamos a más de 2,000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el CECOT.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 11, 2024
Ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde… pic.twitter.com/n4syM6l9Y3
Declaró que en Cecot, los reos “pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel”.
Antes de este anuncio, las autoridades de seguridad de El Salvador no habían reportado este movimiento de reclusos, y los detalles específicos del traslado permanecen inciertos.
El mandatario no precisó la cifra exacta de pandilleros en Cecot, cuya extensión es de 23 hectáreas y que fue inaugurada a inicios del año anterior.
Este constituye el tercer traslado de pandilleros a Cecot, siendo los anteriores en febrero y marzo del año pasado.
La edificación de esta prisión se ha enfrentado a críticas por falta de transparencia, destacando la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, que evitaba los controles habituales en construcciones estatales.
La prisión se construyó bajo un régimen de excepción, instaurado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas después de un aumento de homicidios que dejó más de 80 muertos en tres días. Este régimen ha sido extendido 26 veces por periodos de 30 días.
Según cifras oficiales, bajo este régimen se han realizado más de 80,000 detenciones, con más de 7,000 personas liberadas bajo condiciones.
El Gobierno señala este régimen como causa principal de la reducción de la violencia, aunque ha suspendido derechos fundamentales como la defensa legal de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos han sido reportadas por organizaciones humanitarias, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones temporales.
Esta política ha contribuido a la disminución de homicidios iniciada en 2016 y ha sido clave en la popularidad de Bukele, quien logró reelegirse a pesar de las restricciones constitucionales contra la reelección inmediata.
