El gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente un comunicado emitido por 11 países, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Chile, que cuestiona los resultados de las elecciones en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador. Según el gobierno venezolano, este acto constituye una intromisión inaceptable en asuntos que solo competen al pueblo venezolano.

El comunicado internacional surgió después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela validara los resultados electorales, lo que generó críticas y rechazo por parte de varios gobiernos y organizaciones internacionales. El canciller venezolano, Yván Gil, acusó a los países firmantes de apoyar la violencia y promover un cambio de régimen al servicio de intereses extranjeros.

Mientras tanto, Brasil se abstuvo de firmar el comunicado, alegando desacuerdo con su tono y contenido. Por su parte, la Unión Europea y España anunciaron que no reconocerán la victoria de Maduro hasta que los resultados sean completamente verificables. El alto representante de la UE, Josep Borrell, afirmó que no se reconocerá el triunfo mientras no haya pruebas verificables de transparencia.

Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron al gobierno venezolano garantizar la transparencia electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó sus dudas sobre la validez del fallo del TSJ, señalando la falta de publicación de actas oficiales.

En contraste, los líderes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, felicitaron a Maduro por su reelección.

En este contexto, la fiscalía venezolana ha citado al líder opositor Edmundo González para declarar en una investigación penal por la publicación de resultados electorales en una página web. El fiscal general, Tarek William Saab, lo acusó de desobediencia y usurpación de funciones, subrayando que la publicación de estos resultados podría constituir un delito. González, por su parte, convocó a los venezolanos a defender sus libertades ante lo que considera un ataque a la soberanía popular.