La Suprema Corte de Estados Unidos ha decidido este viernes examinar la demanda presentada por México contra varios fabricantes de armas, a quienes el gobierno mexicano acusa de contribuir al flujo de armamento hacia los cárteles de la droga.
Esta acción judicial se enmarca dentro de una guerra legal que México ha mantenido desde 2021 contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como contra el distribuidor Interstate Arms.
México alega que el comercio "negligente e ilícito" de estas empresas fomenta el narcotráfico y la violencia en el país, reclamando una compensación de 10 mil millones de dólares.
En 2022, un juez federal desestimó el caso, argumentando que las reclamaciones de México chocaban con las protecciones legales ofrecidas a los fabricantes de armas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), promulgada en 2005.
Esta ley exime a los fabricantes de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revivió la demanda, citando una excepción a esta ley.
El gobierno mexicano sostiene que entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas en Estados Unidos son contrabandeadas anualmente a su territorio. Además, afirma que entre el 70% y el 90% de las armas encontradas en escenas del crimen provienen de Estados Unidos, mientras que en México es extremadamente difícil adquirirlas legalmente.
Desde el inicio de una controvertida estrategia militar antidrogas en diciembre de 2006, el país ha registrado más de 340 mil asesinatos y alrededor de 100 mil desaparecidos, la mayoría vinculados a organizaciones criminales.
El gobierno mexicano ha reiterado a Washington que el combate a este problema es una prioridad. En respuesta, la administración del presidente Joe Biden ha reconocido la gravedad de la situación, con el fiscal general Merrick Garland calificando el tráfico de armas, junto al fentanilo y el tráfico de migrantes, como un "reto acuciante".
