El gobierno de Bolivia ha emitido una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), en el marco de un proceso judicial por presuntos delitos de trata de personas agravada y estupro relacionados con una menor de edad con la que habría tenido un hijo.
La medida fue anunciada por Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, quien detalló que la Dirección Nacional de Migración y la Policía de control migratorio han sido notificadas.
El lunes, la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se presentó una imputación formal contra Morales, y se espera que el juez a cargo del caso determine la fecha para la audiencia de medidas cautelares.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor que presuntamente fue entregada a él por sus padres a cambio de favores. Además, la víctima formaba parte de un grupo juvenil creado durante su mandato, conocido como "Generación Evo".
La Fiscalía también confirmó que la orden de aprehensión contra Morales fue emitida el 16 de octubre, pero no se ejecutó debido a la dificultad de la Policía para localizar al exmandatario. El viceministro Ríos señaló que aún se debe notificar a la Policía de Cochabamba para proceder conforme a los protocolos.
Dirigentes cercanos a Morales aseguran que el exmandatario se encuentra bajo una “seguridad de élite” en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político. Además, advirtieron que cualquier intento de aprehensión podría generar conflictos violentos en la zona.
Morales, por su parte, ha señalado en declaraciones recientes que el gobierno de Luis Arce tiene un plan para detenerlo y enviarlo a Estados Unidos o Argentina, países con procesos abiertos en su contra relacionados con narcotráfico y trata de personas.
Este proceso judicial se da en medio del distanciamiento de Morales con el gobierno de Arce, en un contexto de tensiones internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) en vísperas de las elecciones presidenciales de 2025.
