La Fiscalía de Corea del Sur imputó al suspendido presidente Yoon Suk Yeol en el marco de una investigación por la fallida declaración de ley marcial que él promulgó el 3 de diciembre. Esta decisión desencadenó una crisis política sin precedentes en el país.
Según la agencia Yonhap, Yoon está acusado de conspirar con el exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, para incitar a una insurrección, planeando el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional para impedir que los diputados revocaran el decreto, lo que finalmente sucedió horas después.
Con esta imputación, Yoon se convierte en el primer presidente surcoreano acusado de insurrección, mientras enfrenta detención y suspensión de sus funciones.
A pesar de su arresto el 19 de enero, tras negarse a comparecer ante el tribunal, el mandatario sigue siendo considerado presidente hasta que el Tribunal Constitucional decida lo contrario.
El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para definir si el cese de Yoon, aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre tras la declaración del estado de excepción, será definitivo.
Si su inhabilitación es confirmada, se convocarían elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
