El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) y a cualquier persona que colabore con este tribunal, en respuesta a sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

La decisión se da tras las órdenes de arresto emitidas en noviembre por la CPI, con sede en La Haya, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Además, se incluyó una orden contra un líder del grupo palestino Hamás.

Trump calificó las acciones de la CPI como “ilegítimas e infundadas” y acusó al tribunal de abusar de su poder al emitir arrestos sin fundamento. En su orden ejecutiva, señaló que tales medidas ponen en riesgo al personal estadounidense, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acosos y arrestos injustificados.

La CPI, que actualmente tiene 125 países miembros, es un tribunal que juzga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresión. Sin embargo, Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son parte de ella.

Trump también manifestó que las acciones de la CPI amenazan la soberanía de Estados Unidos y la seguridad de sus aliados, lo que podría afectar la política exterior del país. Esta sanción se produce en el contexto de la visita a Washington de Netanyahu esta semana.

Además, Rusia también se ha enfrentado a la Corte, ya que en 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos. En respuesta, Rusia prohibió la entrada al fiscal jefe de la CPI y a dos jueces del tribunal, y los incluyó en su lista de personas buscadas.