Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha solicitado formalmente su extradición a México tras haber sido detenido en Estados Unidos en 2024.

En una carta difundida por el periodista Abel Barajas, de Grupo REFORMA, el narcotraficante asegura haber sido víctima de un “secuestro” y exige la intervención del Gobierno mexicano.

El documento, compartido por su asesor jurídico en México, Juan Manuel Delgado González, confirma que la solicitud fue presentada ayer ante el Consulado General de México en Nueva York.

En él, Zambada advierte que, de no atenderse su petición, la relación entre ambos países podría colapsar, argumentando que su traslado a Estados Unidos se llevó a cabo de manera ilegal.

“Debe intervenir [México] a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”, escribió.

Según su versión, fue llevado fuera de México por Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, lo que considera un precedente peligroso que podría derivar en más casos de extradiciones irregulares.

Otro punto clave del documento es la preocupación por la posibilidad de enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, algo que, según su equipo legal, el país norteamericano no tiene legitimidad para aplicar en su caso. Por ello, exige que el Estado mexicano garantice que no se le impondrá esta condena.

Finalmente, Zambada insta al Gobierno de México a seguir exigiendo un informe detallado sobre su traslado a Estados Unidos, una demanda que ya ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A continuación, compartimos un fragmento de la carta de Ismael "El Mayo" Zambada

“Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda", manifiesta.

Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática.

En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal", señala.