El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador, invocando una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, en medio de una batalla legal en curso.
Esta apelación de emergencia se presenta después de que la Corte de Apelaciones de Washington rechazara la solicitud del gobierno republicano. En una votación de 2-1, un panel de jueces mantuvo en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes bajo esta rara ley.
El Departamento de Justicia argumentó que las cortes federales no deberían intervenir en "negociaciones diplomáticas delicadas" y que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde actualmente están detenidos.
La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, quien también es el juez principal en la corte de Washington.
En su declaración, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas, argumentando que la pandilla Tren de Aragua representa una “fuerza invasora”.
“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en el documento judicial.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de cinco ciudadanos venezolanos detenidos en Texas, apenas horas después de la proclamación presidencial. El tribunal fijó un plazo hasta el martes para recibir una respuesta de la ACLU. Este caso ha aumentado la tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.
Boasberg había impuesto una suspensión temporal de las deportaciones, ordenando que los aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos, pero esto no ocurrió. El juez ha prometido decidir si el gobierno incumplió su orden de dar la vuelta a los aviones.
El gobierno, por su parte, invoca el “privilegio de secretos de Estado” y se niega a proporcionar más detalles sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin derecho a una audiencia ante un juez de inmigración o federal. Boasberg, sin embargo, dictaminó que los inmigrantes enfrentando deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas.
Su fallo resalta que “hay un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La suspensión temporal de las deportaciones impuesta por Boasberg está programada para expirar este sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y planea buscar una pausa más duradera mientras continúa la demanda.
