A través de sendos comunicados, tanto la Secretaría de Gobierno como la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lamentaron los hechos violentos en los que perdieron la vida los cuatro jóvenes estudiantes de la colonia Alta Vista, Brandon Contreras Gutiérrez, Rembrandt Alejandro Catalán Ramos, Lenin Eduardo Sánchez Montesinos y Bryan Gómez Bustos de entre 13 y 17 años de edad.
“Se ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que en coordinación con la Procuraduría General de la República, se realicen las investigaciones correspondientes a fin de castigar a quienes resulten responsables”.
“A nombre del Gobierno del Estado se hace patente la solidaridad con las familias de los jóvenes afectados, haciendo un llamado a los actores políticos y sociales a cerrar filas, a conformar un frente común en contra de la violencia, a favor de la paz y la tranquilidad en nuestro estado”, dijo el secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez, a través del comunicado.
Además, se informó que se han dado las instrucciones correspondientes para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal en coordinación con autoridades federales efectúen los patrullajes y rondines y acciones necesarias para mantener la tranquilidad de la ciudad.
De igual forma, la PGJ mediante un comunicado condenó el multihomicidio e informó que investigará los hechos asentados en la carpeta de investigación SC01/2412/2012.
Cabe destacar que esta masacre ocurre a unos días de cumplirse un año de otro asesinato múltiple ocurrido el 27 de marzo de 2011 y cuyas víctimas resultaron ser los estudiantes Juan Francisco Sicilia Ortega (hijo del poeta Javier Sicilia), Julio César Romero Jaime y Luis Antonio Romero Jaime; el militar retirado y tío de dos de los jóvenes, Álvaro Jaime Avelar; Jesús Chávez Vázquez, guardia de seguridad privada; y María del Socorro Estrada Hernández, trabajadora de un hotel.
Derivado del multihomicidio de estas seis personas se gestó el Movimiento por la Paz y la Justicia que encabezó Javier Sicilia, varias familias víctimas de la delincuencia y organizaciones sociales que pidieron al gobierno replantear su estrategia en contra del crimen.
