El recurso fue iniciado contra el aseguramiento de algunas oficinas del TSJ.

Un juzgado de distrito desechó la demanda promovida por el magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez, contra el aseguramiento de varias áreas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), tras el estallido del conflicto por la presidencia de este tribunal.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Noveno de Distrito, el desechamiento del juicio de amparo 473/2025, obedeció esencialmente a tres razones jurídicas. La primera, porque el aseguramiento o resguardo de algunas instalaciones del TSJ por parte de la fiscalía anticorrupción, fue con motivo de una denuncia realizada por Luis Jorge Gamboa Olea, quien se ostenta como magistrado presidente de dicho tribunal.

En consecuencia, “se advierte que la persona moral oficial quejosa (es decir, Juan Gabriel Vargas Téllez, quien se apersonó como relevo de Gamboa Olea), no está legitimada para acudir al amparo, en virtud de los hechos por los que se denunció, no pueden trascender a una eventual afectación a su régimen patrimonial, y por ende, se torna improcedente la acción de amparo intentada”.

La segunda razón fue porque, a decir del juzgado federal, Vargas Téllez “no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos fundamentales”. Y el tercer argumento de la autoridad jurisdiccional es que existe una investigación en curso de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la autoridad ministerial puede proveer las medidas que considere necesarias en la integración de la indagatoria, y recalcó que “ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse al inicio o a la continuación y a la determinación de una investigación ministerial, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad.

Y es que Vargas Téllez es uno de los varios magistrados denunciados en la carpeta de investigación iniciada por Luis Jorge Gamboa Olea, quien en calidad de magistrado presidente del TSJ denunció la supuesta “coalición de servidores públicos” con el fin de usurpar sus funciones.

Desde el pasado 19 de marzo, permanecen aseguradas las oficinas de la presidencia, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y Salón de Plenos del TSJ, tras el intento de destitución de Gamboa Olea como magistrado presidente por parte de un grupo magistrados.

El 27 de marzo, la fiscalía anticorrupción retiró por unas horas los sellos de aseguramiento de las oficinas de la Secretaría General de Acuerdos y la Oficialía Mayor y las puso bajo resguardo ministerial de la secretaria general de acuerdos, Juana Morales Vázquez, sin embargo, ante la presión y el ingreso a esas áreas de varios magistrados y trabajadores ajenos a estas áreas, la fiscalía ordenó de nuevo el aseguramiento.