Además, los abogados insistieron en que el imputado fue golpeado por los vecinos del menor, quienes le dejaron lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

La juez Elvia Terán Peña, tras escuchar los alegatos de la fiscalía y defensores, desechó la petición de otorgarle prisión preventiva a Ángel “N”, pero sí le impuso una fianza de dos mil pesos, le prohibió salir del país y acercarse a la zona donde sucedieron los hechos, así como a los vecinos que lo golpearon. “Su señoría, este hombre debe quedar en prisión preventiva porque el menor y sus vecinos corren el riesgo de que este quiera tomar venganza”, insistía el fiscal, pero la juez en su auto de vinculación a proceso, explicó que la tentativa no se encuentra en el catálogo de delitos graves del Código Procesal Penal.

Ángel “N” es acusado de sustracción de menor en grado de tentativa, pues es acusado de pretender llevarse consigo a un menor a bordo de una motocicleta de su propiedad.

Los policías aprehensores señalaron que al lugar de los hechos, el imputado era atendido por paramédicos del ERUM cuando llegaron, pues los vecinos del menor presuntamente salieron en defensa de la víctima y lo golpearon.

La juez en el transcurso de la audiencia, apercibió al reportero a no publicar los datos personales del imputado, pues este se acogió al principio de presunción de inocencia.

Mientras tanto, los familiares del detenido abordaron al reportero para indicar que todo se trató de un mal entendido, pues según ellos, Ángel “N” nunca trató de subir al menor de seis años a la motocicleta, “más bien se debe a la psicosis que ya padecemos todos, ya cualquier persona se nos hace sospechosa”, insistían los familiares.

La juez en la misma audiencia, vinculó al hombre a proceso pero le hizo saber al presunto responsable que las medidas cautelares que le otorgó son solo por doce meses, pero en ese periodo tendrá que acudir a firmar ante una autoridad cada 15 días y no podrá salir del país.

Finalmente, cabe destacar que de acuerdo al Código Penal local, el hombre podrá enfrentar una pena de hasta tres años de prisión en caso de que un Tribunal de Juicios Orales lo encuentre responsable del delito de sustracción de menores en grado de tentativa.