El abogado del ex funcionario, Cipriano Sotelo Salgado, indicó que la defensa optó por no buscar el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso, dictado por un juez Penal de Primera Instancia el pasado 14 de marzo, por lo que recurrió al amparo, no obstante que hace unos días su cliente fue exonerado por la sala primera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, por otro peculado, pero por la cantidad de 140 millones de pesos.

“Hemos optado por irnos al amparo en los dos asuntos por peculado, porque en el primero, a pesar de que le quitaron la prisión preventiva a mi cliente, existe la posibilidad de que la Fiscalía pueda revocarlo. Así que hemos solicitado la intervención de la justicia federal y en el segundo de los casos no buscamos irnos a la instancia superior (TSJ), sino que nos fuimos directo al amparo”, agregó el abogado.

Afirmó que será el próximo 7 de julio cuando en el Juzgado Sexto de Distrito se celebre la audiencia incidental, en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá presentar los “informes justificados”, que sustenten la formulación de imputaciones por el delito en mención.

Alfredo Jaime de la Torre enfrentó un primer proceso porque en el año 2012 dejó de pagar más de 140 millones de pesos al Instituto de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ITSGE), dinero que correspondía a las cuotas de más de cinco mil trabajadores que prestan su servicio al Poder Ejecutivo, lo que provocó un daño a las finanzas públicas, según refirió la FGE.

En este primer asunto, el ex funcionario panista ganó el recurso de apelación que interpuso ante la sala primera del TSJ al quedar exonerado, pero enfrenta otro peculado, por 70 millones de pesos, por el presunto desvío de recursos que correspondían a una partida que tenía que ser únicamente para el gasto de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, así como la también desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre lo anterior, el abogado penalista consideró que su cliente será exonerado de este segundo caso por la justicia federal, “pero con la diferencia que en este asunto la resolución que emita el juez de Distrito, tendrá más sustento que la que pudieran dar los magistrados del TSJ”.

Finalmente, el litigante consideró que la FGE no tiene elementos para sustentar la comisión del delito y que su representado obtendrá su libertad en los próximos dos meses.