De acuerdo con la denuncia interpuesta por el apoderado legal del plantel educativo, la presunta responsable cobraba cheques no negociables de la institución, mismos que depositaba a una cuenta personal, y cuyas cantidades rebasaban los miles de pesos y no eran reembolsadas al colegio.
Este delito está previsto y sancionado en los párrafos primero y segundo del artículo 113-bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo tanto el Código Penal es muy claro en las penalidades que pudiera alcanzar la responsable de este ilícito, quien de entrada no alcanzaría libertad bajo fianza y la sentencia podría ser más de 15 años de prisión.
De acuerdo con el sigilo de la investigación, autoridades de la federación se negaron a proporcionar datos del colegio, ya que de acuerdo con las líneas de investigación podría haber más involucrados en este millonario fraude.
